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El histórico vínculo comercial que une a la localidad salteña de Aguas Blancas con la ciudad boliviana de Bermejo atraviesa uno de sus momentos más tensos y delicados. La denuncia de los comerciantes argentinos activaron todas las alertas en la frontera, donde se reporta la implementación de nuevas restricciones unilaterales impuestas por las autoridades bolivianas, que afectan directamente el flujo de mercadería, el abastecimiento y, en última instancia, el sustento económico de cientos de familias salteñas que dependen de esta actividad binacional.
Los trabajadores de Aguas Blancas elevaron su queja formal, solicitando una reunión urgente con el alcalde de Bermejo, Irineo Flores. El foco de su reclamo es la aplicación de límites de valor y controles de tránsito que, según sus testimonios, se aplican de manera discriminatoria y excesiva en este punto de la frontera, mientras que no se replican con la misma rigurosidad en otros pasos limítrofes de Bolivia. Exigen un "acuerdo claro, equitativo y sostenible" que restablezca las condiciones justas para el ejercicio del comercio binacional.
Reunión de empresarios y trabajadores con Zigarán
Ante la magnitud del conflicto, la Municipalidad de Aguas Blancas convocó a una reunión clave con los comerciantes locales para analizar el impacto económico de las flamantes disposiciones bolivianas. En este encuentro, los empresarios y trabajadores expresaron su profunda preocupación por dos factores principales:
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Restricciones a compradores: Las medidas bolivianas estarían impidiendo o dificultando el ingreso de compradores del país vecino a territorio argentino, afectando directamente el nivel de ventas.
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Controles y exigencias: El endurecimiento de los controles y la presunta pérdida de trabajo de changarines bolivianos habría derivado en nuevas y arbitrarias exigencias a quienes cruzan desde Argentina para realizar compras. A esto se suma la presencia de vendedores ambulantes bolivianos que estarían operando dentro de Aguas Blancas.
Desde el ámbito municipal, se brindó un respaldo rotundo a los comerciantes. El comisionado interventor Adrián Zigarán ratificó el compromiso de su gestión para "acompañar y proteger" la actividad local. En este marco, adelantó la evaluación de medidas coordinadas para buscar un equilibrio en el paso fronterizo, remarcando un punto de presión fundamental: Argentina mantiene un límite de compra de 300 dólares por persona, una medida que, de aplicarse con estricta observancia, podría perjudicar severamente la economía de Bermejo si las restricciones unilaterales persisten.
"No nos vamos a dejar extorsionar"
La situación escaló a un nivel político con la dura declaración emitida por el interventor Zigarán. En un comunicado de alto impacto, el funcionario salteño no escatimó críticas hacia sus pares bolivianos. "Las autoridades de Bermejo no están a la altura de su nuevo presidente", sentenció Zigarán, acusándolos de "tomar represalias" contra los comerciantes argentinos en un momento en que el tipo de cambio favorece la actividad en Aguas Blancas.
Sin embargo, el punto de mayor tensión llegó con su advertencia de reciprocidad: el interventor anticipó que, si la postura de Bermejo no se modifica, solicitará a las autoridades nacionales que todo el tránsito en la frontera se realice de manera estricta a través de los puestos de migraciones y aduana.
"Veremos quiénes se van a perjudicar", desafió, concluyendo con una frase que marca la inflexible postura del municipio salteño: "No nos vamos a dejar extorsionar por los bolivianos".
El equipo de Zigarán continuará las gestiones ante las autoridades competentes, tanto nacionales como binacionales, buscando garantizar condiciones comerciales equitativas y sostenibles para los habitantes y comerciantes de Aguas Blancas. La pelota, ahora, parece estar del lado de Bermejo.