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Los negocios cierran. Los trabajadores pierden horas. Las veredas se llenan de mercadería. En el departamento San Martín se asiste a una transformación dramática del ecosistema comercial: lo legal retrocede y lo informal avanza, en un escenario donde el contrabando proveniente de Bolivia gana por goleada.
“Ya no sabemos qué hacer para sobrevivir ante la invasión del contrabando”, resume Franco Galeano, presidente del Centro de Empresarios de Tartagal. Y no es una frase lanzada al azar: hay comercios con décadas de trayectoria que están quebrando o achicándose drásticamente para evitar la desaparición.
Cuando el Estado legaliza lo ilegal
La paradoja es cruel: mientras los comercios establecidos afrontan cargas impositivas de hasta el 48% del valor final de sus productos, los vendedores informales apenas abonan una tasa municipal y venden sin control, habilitados como “polirubros”. A cambio, no contratan empleados en blanco, no tributan ni aseguran posventa.
“La propia Municipalidad les pavimentó calles, les puso luces, internet y los instaló en la plazoleta Moto Méndez. Parece un chiste de mal gusto pero es la realidad”, disparó Galeano. En Tartagal, el contrabando ya tiene feria propia con apoyo logístico del Estado, mientras que los comerciantes formales pagan los impuestos que financian esas obras.
Empleados con sueldos recortados para no ser despedidos
Domingo Ruiz, secretario general del gremio mercantil del departamento San Martín, lo explica sin rodeos: “Antes de que se pierdan cientos de puestos, acordamos con las patronales una baja del 20% en los sueldos. En algunos rubros se trabaja solo media jornada. Nadie quiere esto, pero es eso o el cierre".
En supermercados, carnicerías y casas de electrodomésticos, las ventas se desplomaron. Los comercios formales intentan resistir con promociones, cuotas y servicios posventa. Pero no pueden competir con los precios del contrabando, que llega a cada localidad por pasos ilegales a plena luz del día, sin que intervenga Gendarmería ni Aduana.
Huevos sin control sanitario, frutas sin trazabilidad
Uno de los sectores más golpeados es el alimentario. El ingreso de huevos, carnes, verduras y frutas desde el Gran Chaco boliviano ocurre todos los días y sin ningún control sanitario.
“Las granjas bolivianas no cumplen ninguna de las exigencias que tenemos nosotros: no vacunan, no contratan veterinarios, no cumplen normas del SENASA. Y aún así, los huevos llegan y se venden por miles de maplets”, denunció un productor salteño que pidió reserva de identidad. Estima que la ganancia de un solo productor boliviano en frontera supera los 30 millones de pesos diarios.
"No podemos competir con quien no paga nada"
La comparación es simple: un electrodoméstico, una bicicleta o un kilo de carne comprado en Bolivia cuesta casi la mitad que en Argentina, incluso sumando el flete y el ingreso por pasos clandestinos. “Eso pasa porque en Bolivia no se pagan los impuestos que nosotros sí pagamos. Y esos impuestos son los que sostienen los hospitales, las escuelas, las rutas y la seguridad”, señaló Galeano.
Pero en la calle, la necesidad de los vecinos pesa más que la legalidad. “El vecino compra lo más barato, aunque sea sin control, sin garantía y sin condiciones sanitarias”, agrega.
Aguaray y Salvador Mazza, vaciados de comercios legales
Hoy, en Aguaray y Salvador Mazza, solo algunos pequeños almacenes resisten vendiendo comestibles. Todos los otros rubros -ropa, electro, ferretería, incluso farmacias- han sido desplazados por la mercadería que cruza la frontera a diario y llega directamente a las veredas, garajes y ferias.
El centro de Tartagal también muestra una postal preocupante: donde antes había negocios históricos, ahora hay persianas bajas. En cambio, sobre las veredas se multiplican los toldos y tablones con productos que ingresaron sin pagar un solo impuesto.
Un grito sin respuesta
“Hace 18 meses venimos haciendo reclamos ante todos los organismos competentes. No hay respuesta”, aseguró Galeano. El gremio mercantil denuncia inspecciones sesgadas: mientras se revisa si los negocios formales tienen empleados no registrados, a los puestos callejeros nadie les exige absolutamente nada.
El escenario es asfixiante. “Nos están llevando a aceptar cosas que nunca imaginamos, como descontarle a un trabajador para que no pierda el empleo. Pero no sabemos cuánto más se puede resistir”, cierra Ruiz.