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En la mañana de este viernes 15 de agosto, y después de cuatro días de paro, los trabajadores municipales de Hipólito Yrigoyen levantaron la medida de fuerza tras llegar a un acuerdo con la intendenta Soledad Cabrera en una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, seccional Orán.
La negociación, en la que participaron dirigentes de UPCN y ATE, concluyó con la firma de un acta que contempla mejoras salariales y el compromiso de la comuna de afrontar todos los gastos médicos de los empleados que resultaron heridos durante el enfrentamiento del jueves con personal de Infantería. Ese episodio dejó dos trabajadores con lesiones graves en los ojos, que fueron trasladados de urgencia a Salta capital para ser intervenidos quirúrgicamente.
“No hay nada que celebrar”
El referente de UPCN, Óscar Ibarra, valoró la predisposición de la intendenta para incluir el compromiso médico en el acta, pero fue enfático al señalar que “no hay nada que celebrar por los compañeros heridos”. Llamó a la comunidad a orar por su pronta recuperación y destacó el respaldo de los vecinos que acompañaron el reclamo desde el inicio.
Como gesto simbólico, los trabajadores se tomaron una foto grupal en la Iglesia Asunción al Cielo, agradeciendo la intervención de la patrona del pueblo y la solidaridad de la comunidad. “Solicitamos el cese de la protesta y que reine la paz social nuevamente”, expresaron en un mensaje conjunto.
Ayer mientras los empleados municipales mantenían la protesta, un violento operativo de la Policía de Salta terminó con trabajadores heridos, entre ellos Juan Azalle, quien perdió un ojo por el impacto de un proyectil de goma. El procedimiento, realizado sin orden judicial según denunció el abogado de los lesionados, Ramón Saldaño, incluyó disparos de balas de goma e incluso habría dejado un saldo de al menos 25 heridos entre empleados y vecinos que se acercaron para respaldar el reclamo.
Saldaño acusó a la fuerza de incumplir los protocolos de actuación, apuntando a la cabeza de los manifestantes en lugar de disparar por debajo de la cintura, y anunció que impulsará acciones judiciales. Calificó el operativo como un “uso excesivo e ilegítimo de la fuerza pública” y subrayó que la lesión de Azalle constituye un caso en el que “la Justicia debe actuar de oficio por su gravedad”.