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El histórico conflicto en torno al dique Cabra Corral volvió a estallar tras las recientes modificaciones en el reglamento de pesca deportiva. Tras la publicación del Reglamento 2025-2026 en el Boletín Oficial, las discusiones se concentran en los horarios para la actividad, pero en el fondo salen a la luz viejos problemas: usurpaciones de terrenos, contaminación, falta de siembra de peces y la presencia constante de los llamados "redeadores", quienes operan ilegalmente con redes en un embalse cada vez más presionado.
El detonante fue la denuncia pública de Raúl Cenardo, referente del grupo "Salteño y Pescador" -que reúne a unas 30.000 personas en redes sociales-, quien cuestionó las restricciones horarias y acusó directamente a la Municipalidad de Coronel Moldes de haber vendido tierras en zonas que por ley no pueden ser privatizadas. "El hecho de pescar, para el salteño, es cultural, una tradición. Hoy todo se limita y se golpea el bolsillo de la gente. Además, nos han ido cerrando accesos y hasta el puente mismo tiene bajadas alambradas. La ley es clara, pero el pescador perdió espacio frente al avance de la propiedad privada", sostuvo.
Sin embargo, desde el municipio salieron al cruce de esas declaraciones. El intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, negó de plano cualquier participación de la comuna en supuestas ventas irregulares y apuntó a ordenar lo que durante décadas fue "tierra de nadie".
Terrenos usurpados y los disponibles son privados
"La Municipalidad no tiene terrenos en la costa del Cabra Corral, no es nuestra competencia. Los terrenos circundantes pertenecen en su mayoría a privados, como la familia Portal de la Cuesta, que ya eran propietarios antes de la construcción del dique. Los espacios que corresponden al Estado están bajo control de Recursos Hídricos y custodiados por la Policía Lacustre. Decir que el municipio vende tierras es una acusación infundada", afirmó Carrasco.
El jefe comunal defendió también la decisión de mantener el horario de restricción de pesca hasta las 2 de la mañana, norma que se implementó durante la pandemia y que fue ratificada en conjunto con la Policía Lacustre, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Provincia. "La medida busca prevenir situaciones de consumo de alcohol en embarcaciones y accidentes en ruta al amanecer. Además, cuenta con el aval de los dueños de catamaranes que trabajan en la zona. No se trata de limitar la pesca, sino de garantizar seguridad", explicó.
El trasfondo, sin embargo, muestra un cuadro mucho más complejo: la presión de pescadores ilegales, la falta de control durante décadas, la suciedad que baja de los ríos, la nula repoblación de peces y los asentamientos irregulares en terrenos cercanos al embalse.
Mientras los pescadores reclaman mayor libertad para una práctica que consideran parte de la identidad salteña, el municipio insiste en que el desafío es ordenar un dique que, desde hace años, acumula conflictos ambientales, sociales y económicos.