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El Ministerio de Capital Humano informó ayer que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que, afirmó, "hoy funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado". Agregó que el cierre permitirá un "ahorro" de 5000 millones de pesos anuales para la Administración Nacional.
"Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de 4000 millones de pesos por año. El cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de 88 millones de pesos anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos, eliminando así un gasto de más de 20 millones de pesos por año. También se darán de baja 42 celulares", añadió el ministerio comandado por Sandra Pettovello.
Los Centros de Referencia eran "espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos de nuestro país para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales", tal se describe en la página web de la ex cartera de Desarrollo Social, ayer Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre. La misma página describe que los CDR están "integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas coordinan diversas líneas de acción, planes y programas del Ministerio".
Los CDR, argumentó el Gobierno, reciben "muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resuelven el trámite y solo derivan a la gente a otro organismo", para rematar: "Son la imagen más clara de la burocracia del Estado".
Digital y telefónico
Para suplantar esa función, el Ejecutivo anunció que esos trámites serán ahora digitales, "para ahorrar gasto público, modernizar y ser más eficientes".
También comunicó que habrá una línea (0800-222-3294) donde quienes lo necesiten puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre.
"Personal del ministerio de Capital Humano visitó recientemente un centro de más de 50 empleados registrados. En plena jornada laboral, sólo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo", concluye el comunicado oficial.
Sin unidades de gestión
En paralelo al cierre de los centros de referencia, el Gobierno también confirmó que eliminará en los próximos días unas 300 Unidades de Gestión que estaban a cargo principalmente de los movimientos sociales, organizaciones y cooperativas, en el marco del programa Potenciar Trabajo.
A través de estas unidades, muchas cooperativas y los beneficiarios del Potenciar Trabajo desarrollaban sus labores de 20 horas semanales. Ese programa dependía de la Secretaría de Economía Social que conducía Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita. A través de él, explicaron, la administración de Alberto Fernández "tercerizaba" los planes.
A dirigentes de estas organizaciones el Presidente llamó "gerentes e intermediarios de la pobreza". Las Unidades de Gestión eran las encargadas de controlar que los beneficiarios del Potenciar Trabajo cumplieran con la prestación. Lo hacían a través de planillas que se elevaban a la excartera de Desarrollo Social y, según las actuales autoridades "eran utilizadas para extorsionar a las personas para que asistan a manifestaciones y piquetes". Si no lo hacían "forzaban su baja del programa".
El cambio
El Gobierno decidió sustituir el Potenciar Trabajo con dos nuevos programas:
"Volver al Trabajo": se enfocará en el desarrollo de las competencias "sociolaborales de los beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral".
"Acompañamiento Social": promoverá la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares, "apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven".
Las dos decisiones conocidas ayer marcan la iniciativa del Gobierno de atacar lo que cree que son cotos de punteros políticos, piqueteros y dirigentes sociales, a través de los cuales se desviaba parte de la ayuda social que debía llegar a los sectores más vulnerables. Por esa razón también le quitó la intermediación en la entrega de alimentos para comedores comunitarias y anunció licitaciones "transparentes" a través de la firma de convenios con Naciones Unidas.