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La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, evitó que el empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, sea juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas, al sostener que su caso debe ser analizado por la justicia federal electoral y no en un juicio oral.
Según los camaristas, los pagos de Calcaterra deben ser interpretados no como sobornos para mantener sus obras, sino como aportes para la campaña electoral que no fueron declarados. La medida se extiende al otro ejecutivo de la empresa Iecsa, Héctor Javier Sánchez Caballero, pero el criterio podría beneficiar también a imputados de otras compañías.
De hecho, los mismos jueces decidieron en otro fallo analizar si corresponde aplicar el mismo criterio sobre otros tres empresarios que admitieron haber hecho aportes de dinero a funcionarios del kirchnerismo. Son Armando Loson, Hugo Dragonetti y Jorge Balán. De prosperar estos pedidos, el juicio por los cuadernos de las coimas podría quedar vaciado de empresarios y solo serían juzgados Cristina Kirchner y sus exfuncionarios.
La causa
El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación de un matutino porteño, que reveló la anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio del Planificación Federal, sobre su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios, los bolsos eran recibidos por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz. En su momento, la Justicia le detectó al exsecretario de los Kirchner más de 110 propiedades en la Argentina y unos US$70 millones en inmuebles en los Estados Unidos. Si el dinero surgió de esos bolsos, no fue destinado a ninguna campaña.
Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Junto a ella, los principales acusados son los exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y el chofer Centeno, el financista Ernesto Clarens y los empresarios Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
Algunos de los empresarios declararon como arrepentidos y admitieron haber efectuado pagos a los funcionarios.