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Propietarios de fincas que están siendo asoladas por grupos de taladores ilegales a solo una decena de kilómetros de la ciudad de Tartagal, sobre la ruta nacional 86, se hartaron de denunciar los robos de madera que se mueven con tractores y camiones hacia aserraderos de la zona. Esos vehículos están claramente identificados con fotografías y filmaciones aportadas a la Justicia. Efectivos de Infantería y la Policía Rural que intervinieron ante sucesivos hechos denunciados tienen perfectamente identificados a los vehículos de la estructura ilícita que combina a actores de comunidades originarias linderas con madereros que lucran con delitos que, a juicio de los denunciantes, ameritarían medidas cautelares de protección medioambiental y de vidas que están en riesgo. Sin embargo, esos vehículos -entre los que se cuentan un camión Mercedes Benz verde manzana, otro camión Dodge de color rojo, un tractor Hanomag y dos acoplados- siguen apareciendo en nuevas denuncias.
Los hechos ilícitos se repiten. Se rompen alambrados, se ingresa con tractores y camiones, se utilizan motosierras y se extrae madera sin control alguno. Cuando interviene la Policía, lejos de cesar, los grupos involucrados resisten a la autoridad, llegando a enfrentamientos con armas blancas y, en algunos casos, con armas de fuego.
A pesar del esfuerzo y la exposición permanente del personal policial, la respuesta judicial ha sido insuficiente. En reiteradas oportunidades, tras operativos en los que se detectaron grupos numerosos cometiendo delitos flagrantes, solo se avanzó en la detención de unas pocas personas, muchas de las cuales recuperaron la libertad en cuestión de horas. A la vez, vehículos, tractores, camiones y motosierras secuestrados fueron devueltos, permitiendo con ello que vuelvan a utilizarse para cometer más robos forestales.
En este punto resulta inevitable referir a la actuación de Rafael Medina, fiscal penal de Tartagal cuya intervención es cuestionada por los denunciantes, porque en los hechos advierten "un marco de impunidad que desalienta el accionar policial y empodera a quienes delinquen". Sostienen que las liberaciones reiteradas, los juicios abreviados sin sanciones efectivas y la devolución de los elementos utilizados para delinquir "transmiten un mensaje claro: robar madera, invadir campos y destruir el monte no tiene consecuencias reales".
Insisten en que se está ante "un escenario extremadamente peligroso, donde los grupos ilegales actúan con creciente violencia, convencidos de que cuentan con respaldo o tolerancia institucional". Señalan que la Policía se ve limitada en su accionar, expuesta a enfrentamientos graves, mientras el delito se reproduce y escala.
Un saqueo organizado
A ello se suma la presunta colaboración logística y económica de responsables de aserraderos de la zona, que facilitan recursos y transporte, configurando un saqueo organizado del monte, con impactos ambientales, productivos y sociales profundos.
"Hemos mantenido reuniones con autoridades provinciales, incluidos funcionarios del Poder Ejecutivo y del área de Seguridad. Si bien ha existido acompañamiento verbal, no se han adoptado medidas concretas y eficaces. Mientras tanto, el robo continúa, la deforestación avanza y la situación se agrava noche tras noche", remarcó el titular de la empresa Astillas de Plata, Juan Kútulas.
El ingeniero agrónomo que preside la firma a la que pertenece la finca Aliki afirmó que hoy los propietarios rurales de la zona se encuentran en una posición de "absoluta vulnerabilidad, sin respuestas efectivas del sistema judicial y con un daño ambiental que crece día a día. Por todo ello -agregó Kútulas- solicitamos con urgencia la intervención del Ministerio Público Fiscal a niveles superiores, del Poder Judicial, del Ejecutivo provincial y de los organismos ambientales, para poner fin a los robos, frenar la deforestación ilegal, proteger a quienes cumplen la ley y restablecer el orden y la legalidad en la ruta nacional 86".
Le prendieron fuego a la vivienda del cuidador
En Aliki, finca localizada en el kilómetro diez de la ruta nacional 86, los incendios intencionales de rastrojos ocasionados por quienes rompen las alambradas y saquean los recursos de su bosque nativo, se convirtieron en una constante denunciada con insistencia y hartazgo.
Sin embargo, la violencia escaló allí en los últimos meses a extremos inconcebibles. El pasado 1 de noviembre, a plena luz del día, un grupo de personas aún no identificadas -pero señaladas como integrantes de comunidades originarias de la zona en un informe que gendarmes del Destacamento Móvil 5 de Tartagal elevaron el 2 de noviembre último a superiores del Plan Güemes- le prendieron fuego a la casa del cuidador del campo. Antes del gravisimo incidente, trabajadores de la empresa Astilla de Plata habían intentado resistir al ingreso de un grupo furtivo pretendía ingresar a flancos boscosos de esa propiedad privada para talar ejemplares de cebil y quebracho blancos y colorado.
Un demencial episodio
La reacción de los taladores ilegales adquirió dimensiones dantescas. La vivienda de la portería de la finca terminó calcinada y dos trabajadores que se encontraban en un interior, apenas pudieron escapar de las llamas con vida. Ese demencial episodio agregó una nueva denuncia penal a las tantas que se acumularon en los últimos 15 meses en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal, esta vez por tentativa de homicidio.
Antecedentes de atentados semejantes conducen hasta la Patagonia, donde incendios intencionales tuvieron nefastas consecuencias y generaron acusaciones contra grupos mapuches radicalizados. De ese siniestro intencional tomaron nota esa misma tarde autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, cartera desde la cual bajaron expresas instrucciones al comando unificado del Plan Güemes. En la madrugada siguiente una fuerte dotación de gendarmes enviada a finca Aliki por el Escuadrón de Tartagal se encontró con los restos de la vivienda.
Los efectivos de la fuerza federal relevaron el lugar de los hechos y tomaron algunos testimonios que volcaron en el informe a sus superiores. Por el momento se desconoce a los autores del acto criminal que, por poco, no terminó con trágicas consecuencias. Fue otra luz de alerta sobre la extrema indefensión denunciada en fincas de la zona. Aquella intervención de gendarmes dejó otro dato del que autoridades nacionales y provinciales deberían tomar nota.
Los efectivos federales, por razones de competencia jurisdiccional, evitaron ingresar a la finca Aliki, donde su encargado también denunció que las picadas abiertas por taladores furtivos son proclives a ser aprovechadas por grupos narcos para evadir controles se seguridad con motocicletas de enduro.
Cautelares rechazadas
El abogado Victor Hugo del Río, como apoderado legal de la firma Astillas de Plata, requirió medidas cautelares de protección medioambiental y de restricción de acercamiento en finca Aliki para proteger a su personal ante el estado de indefensión en que se encuentra frente a personas investigadas por los robos de madera.
El letrado pidió ser constituido como querellante y actor civil y se opuso a la liberación de detenidos. El pasado 4 de diciembre fue notificado del rechazo de su escrito por parte de la Fiscalía 2 de Tartagal, que objetó la falta de un poder especial otorgado por escribano público y el hecho de que fue presentado ante una jueza de garantías.