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Una situación de extrema gravedad se viene denunciando desde hace un tiempo en fincas localizadas entre los kilómetros 10 y 14 de la ruta nacional 86, que vincula a la ciudad de Tartagal con Tonono. En la zona operan grupos organizados que rompen alambradas e ingresan a campos privados a los que asuelan con talas ilegales, robos madera e incendios intencionales. Detrás de la estructura ilícita, que tiene a pobladores de comunidades originarias linderas como cara visible, asoman aserraderos a los que rollizos de quebracho y cebil llegan sin guías legales. La operatoria delictiva, que se impone con reglas del Fart West, cuenta con una inusitada logística que incluye camiones, tractores y motosierras.
Los sectores deforestados no son áreas productivas comunes, sino zonas de monte protegidas que se deben preservar, ya que son áreas aledañas a escurrimientos naturales de agua y zanjas de contención, fundamentales para evitar la erosión. Su destrucción furtiva constituye no solo un delito contra la propiedad privada, sino también un grave daño ambiental.
Varias denuncias
Una de las fincas invadidas es Aliki, cuya titular registral es la empresa Astillas de Plata SA. El 40% de su superficie, identificada con la matrícula 21816 del departamento San Martín, se corresponde con monte protegido que está siendo arrasado. Desde septiembre de 2024 se formalizó al menos una media docena de denuncias por usurpación, robos de madera, abusos de armas, amenazas, daño y tentativa de homicidios. Sin embargo, ante la floja respuesta judicial a esas denuncias concentradas en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal los delitos persisten y son cada vez más violentos.
La impunidad que exponen esas denuncias presentadas por encargado de la finca Aliki, Tomás Federico Calderoni, y el apoderado legal de la firma Astillas de Plata, Victor Hugo Del Río, se reflejó en los últimos tiempos con incidencias inauditas.
"Los hechos actuales revisten una gravedad institucional y peligro inminente para la vida de sus propietarios y el personal dependiente", advirtieron Calderoni y Del Río en la última de las presentaciones recaídas en la Fiscalía a cargo Rafael Medina. En ese escrito, del 10 de diciembre último, denunciaron un nuevo robo calificado por el uso de armas, en despoblado y en banda, usurpación e incumplimiento de deberes de funcionario público. Advirtieron que la estructura ilícita "expandió la zona de usurpación, desmonte ilegal y sustracción de madera en el interior de la finca". Tras indicar que se detectó en el lugar a uno de los camiones y a un tractor identificados en denuncias anteriores, subrayaron que esa reincidencia refleja "el accionar de una organización criminal estable que se maneja con total impunidad".
Inacción judicial
En la denuncia manifestaron que resulta alarmante que, pese a que personal policial ya había constatado la intervención activa de esos vehículos en hechos anteriores que dieron origen al legajo de investigación 70/25 y al expediente GAR 92309/25, no se haya dispuesto su secuestro. La existencia de una gran cantidad de registros fotográficos, con los que se expuso a tractores y camiones cargados con madera robada, añade gravedad a la inacción judicial.
Calderoni y Del Río reiteraron que las personas que conducen los tractores y custodian las cargas ilegales de rollizos portan armas. Recordaron que personal dependiente de la empresa titular del inmueble fue corrido a tiros y amenazado con motosierras. "La situación actual pone en riesgo de muerte a cualquier trabajador que intente resguardar el patrimonio", alertaron firmaron.
A pesar de la flagrancia de los delitos, el personal policial parece caído en una actitud connivente o de temor, ya que en una reciente intervención cinco policías fueron obligados por un numeroso grupo de personas, armadas con machetes, a desistir de incautaciones.