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La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene a 15 personas involucradas, entre ex funcionarios del organismo y representantes del sector privado, señalados por su participación en un supuesto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y manejo irregular de fondos vinculados a la provisión de medicamentos e insumos de alto costo.
Entre los principales implicados se encuentran el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y el ex director de Acceso a los Servicios de Salud; Daniel Garbellini, a quienes la fiscalía señala como responsables del direccionamiento de compras y del ingreso de terceros ajenos al organismo en decisiones sobre fondos públicos.
Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete enfrentan además el secuestro de todos sus dispositivos electrónicos, mientras que en los domicilios de Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian se ordenaron allanamientos para incautar documentación, dinero y elementos tecnológicos vinculados a contrataciones con diversas droguerías.
Junto a ellos, deberán declarar como imputados Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, todos mencionados por su presunta participación en el esquema investigado.
En paralelo, se dispusieron allanamientos en los domicilios de Sebastián Nuner Uner, Sergio Daniel Mastropietro, Julio César Viera, Diego D'Giano, Ornella Calvete, Fernando Jensen, Fernando Daniel Domínguez y en la sede de Baires Fly S.A.
La causa seguirá su curso en los próximos días con la ronda de indagatorias y las medidas de prueba ordenadas, mientras el juzgado y la fiscalía avanzan en determinar el rol de cada uno de los imputados dentro del presunto circuito de irregularidades en la ANDIS.
Un informe de La Nación indica que el corazón de la trama que operó durante casi dos años dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) era un esquema de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada, al decir del fiscal federal Franco Picardi. La maniobra se estructuró sobre las "compulsas reducidas" y fue protagonizada por un puñado de exfuncionarios, empresarios e intermediarios para obtener un rédito patrimonial indebido que, solo en un período de un año, superó los $43.000 millones de las arcas públicas.
El vínculo con Menem
El fiscal Picardi y el juez federal Sebastián Casanello decidieron avanzar sobre los protagonistas más visibles de la operatoria, entre los que destacan los ahora exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Pero dejaron indicios de que avanzarán sobre aquellos que colocaron a Garbellini dentro de la Andis, y a quienes habrían dirigido la cartelización de las droguerías, entre los que descollarían los dueños de la firma Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker, de vínculos fluidos con los Menem. En particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
"Las evidencias recolectadas comienzan a confirmar lo que decía Spagnuolo en los audios", indicó una fuente judicial a La Nación.