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El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas representa la renovación de la confianza de la ciudadanía para un gobierno disruptivo, y a despecho de los tormentosos momentos vividos en los últimos meses, por dificultades económicas, protestas sociales y escándalos políticos.
Tanto la dirigencia oficialista como la oposición deben leer con prudencia los resultados y, sobre todo, recordar que la capacidad de autocrítica es una virtud política.
El presidente Javier Milei, que al principio pudo compensar su orfandad legislativa gracias a los acuerdos que celebró con gobernadores y opositores, contará ahora con un tercio propio en cada cámara del Congreso, lo que garantiza la posibilidad de sostener los eventuales vetos a leyes de la oposición. Además, con sus antiguos aliados, podría asegurar el quórum, es decir, una mayoría estable.
Con este apoyo legislativo, el poder presidencial resulta significativamente fortalecido, pero esa fortaleza no es absoluta y para gobernar deberá cultivar una capacidad de diálogo mucho más pulida que lo mostrado hasta ahora.
En primer lugar, debe negociar acuerdos con las provincias y con los bloques no oficialistas para poder llevar adelante desarrollos que son imprescindibles para el país. El Estado tiene la obligación de garantizar la vigencia absoluta de los derechos ciudadanos. Entre ellos, la salud pública, la educación, la transparencia económica, la seguridad y la posibilidad de trabajar. Argentina arrastra un enorme déficit social cuya solución es tan importante como la de alcanzar la estabilidad monetaria y el superávit fiscal. La obra pública, ejecutada por empresas privadas y financiada con créditos internacionales que gestione el Estado no es un gasto, es una inversión colectiva destinada para construir infraestructura para la consolidación productiva y la calidad de vida en el país.
Por eso es tan importante la capacidad de acuerdos con las provincias, representadas por los gobernadores y los legisladores, en un país que necesita sin demoras dar un salto cualitativo orientado por un proyecto en común.
La polarización, que expresa la mezquindad reinante en la política, ya lleva décadas y obstruye sistemáticamente el avance hacia un acuerdo de semejante envergadura. De ahí, la profundidad de la crisis que está carcomiendo al país.
El proyecto de Provincias Unidas, concebido como una alianza de gobernadores para defender derechos ignorados históricamente por el poder central, no logró prosperar. La polarización pudo más en esas provincias.
En ese sentido, Salta fue la excepción: el gobierno de Gustavo Sáenz apuntó a su fuerza propia y no cedió a los condicionamientos de los dos polos enfrentados a nivel nacional: LLA y Fuerza Patria. Así, LLA pudo ganar dos bancas en el Senado, con María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y dos diputados, Gabriela Flores y el reelecto Carlos Raúl Zapata. Primero los salteños, a su vez, logró la senaduría de Flavia Royón y una banca de diputado nacional para Bernardo Biella.
Un dato importante: en la categoría Diputados nacionales, el voto en blanco, al sumar 82.812 votos. Un 11%, porcentaje más alto en las últimas elecciones de cargos nacionales. La participación fue del 66,28%, menor a los años anteriores, en los que osciló entre el 71% al 74%, con una tendencia descendente desde el pico de 80,8% en 2017.
Estas elecciones pueden ser el punto de partida de una Argentina que necesita una mucho mayor cohesión nacional.
Fortalecer cada región es una necesidad del país. Los acuerdos políticos deben mirar mucho más allá de las elecciones de 2027. Es necesario pensar una modernización tecnológica del sistema productivo y la educación pública y extender la actividad económica formal en todas las provincias.
Hay mucho por hacer, y no hay tiempo para distraerse. Los éxitos electorales son transitorios. Solo el trabajo serio y la vocación por el desarrollo pueden volverlos fructíferos y duraderos.