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La reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional, que promete ser uno de los proyectos más trascendentales para el desarrollo económico del país, está atravesando una dura carrera contra el tiempo en el Senado. El oficialismo se encuentra ante un desafío mayúsculo: lograr los acuerdos necesarios antes de la última semana de diciembre, cuando los plazos legales expiran.
Patricia Bullrich, líder de La Libertad Avanza (LLA), está en una constante búsqueda de consenso con los bloques legislativos más dialoguistas, como la UCR, el PRO y los provinciales, para aprobar la reforma laboral. Mientras tanto, el peronismo, con el apoyo de varios gobernadores, ha dejado claro que no permitirá que el proyecto avance sin resistirlo. La presión aumenta por las manifestaciones sindicales que, desde la CGT y las CTA, han convocado a una movilización masiva para rechazar la reforma en Plaza de Mayo.
Con la vicepresidenta Victoria Villarruel convocando a los presidentes de los bloques para coordinar las comisiones de Trabajo y Presupuesto, el primer desafío para el oficialismo será garantizar una mayoría suficiente en ambas comisiones. Además, el peronismo busca hacer un uso extensivo de las audiencias públicas, invitando a cientos de dirigentes sindicales y sociales, lo que podría extender el debate y retrasar los plazos.
Los desafíos políticos: entre acuerdos y bloqueos
En un escenario complejo, los aliados del oficialismo son mayormente gobernadores peronistas, que enfrentan una difícil decisión entre apoyar la reforma o enfrentarse a los fuertes reclamos de la CGT. En particular, los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se muestran renuentes a apoyar la reforma, temiendo las consecuencias políticas de un enfrentamiento directo con los gremios. Sin embargo, el oficialismo tiene esperanzas de conseguir el respaldo de otros mandatarios provinciales, como los de Chubut y Neuquén, que podrían marcar la diferencia en la votación.
Cambios estructurales y resistencia gremial
Uno de los puntos más polémicos de la reforma laboral es la modificación en el sistema de cobro de las cuotas sindicales. El proyecto propone que las empresas solo retengan los aportes sindicales con el consentimiento expreso de los trabajadores, una medida que podría debilitar el financiamiento de los gremios y, en consecuencia, su poder de presión. Además, la reforma establece sanciones severas para las empresas que impidan el acceso o el egreso de trabajadores durante una huelga o bloqueo.
Otro de los puntos conflictivos es la ultraactividad, la cual ha sido eliminada. Esta figura legal, que garantiza la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo más allá de su vencimiento, será reemplazada por acuerdos específicos. Esto afecta principalmente a los sindicatos, que consideran esta medida una amenaza a sus derechos históricos.
La reforma también impone cambios en el sistema de indemnizaciones y en las vacaciones, aspectos que han generado una fuerte oposición por parte de las centrales sindicales. La limitación de horas para los delegados sindicales y la voluntariedad de los aportes patronales a cámaras empresariales también han sido motivos de rechazo. Otro punto conflictivo es la indemnización. Los sindicalistas buscan que quede tal cual marca la ley.
La última batalla política: ¿se alcanzará un acuerdo?
El tiempo apremia. En un escenario marcado por la movilización social y la firme oposición del peronismo, la reforma laboral de Bullrich podría enfrentar un bloque en el Senado que no se derrumba fácilmente. El oficialismo necesita asegurar al menos tres votos de los bloques provinciales y una sólida mayoría dentro de la UCR y el PRO para evitar que la reforma se hunda antes de fin de año.
Lo que está en juego no solo es una reforma laboral, sino también el destino político del gobierno de Javier Milei, que enfrenta una prueba crucial para su agenda económica. La carrera contra el reloj continuará en los pasillos del Congreso, con el futuro de la reforma laboral en juego.