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El diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, promovió ayer una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025.
La medida judicial busca impugnar la designación de los nuevos auditores generales para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), realizada durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.
La presentación judicial del legislador amarillo incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.
Irregularidades
En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo detalló una serie de anomalías ocurridas durante la sesión especial.
Entre esas irregularidades, mencionó que fue una moción sorpresiva. Precisó que la designación fue introducida a las 02:55 de la mañana por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, sin estar incluida en el temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.
Otra de las anomalías señaladas por Ritondo, fue la falta de reglamento. En ese sentido, el legislador denunció que la moción se formuló sin especificar el tipo de moción, sin dictamen previo de comisión y sin pedido formal de apartamiento del reglamento.
También en su reporte mencionó que fue una votación cuestionada. El legislador calificó el acto como una decisión adoptada "entre gallos y medianoche" y a espaldas del debate público.
Para finalizar, agregó el retiro de los bloques. Ritondo señaló que ante la maniobra del oficialismo, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto para no convalidar un acto que consideraron manifiestamente inconstitucional.
Fundamentos del reclamo
El amparo sostiene que el Congreso Nacional carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
Además, Ritondo argumentó que la Auditoría General de la Nación es un órgano de control externo cuya integración debe preservar el equilibrio entre mayorías y minorías.
La demanda del PRO también plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854 de medidas cautelares, alegando que restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes.
Finalmente, el diputado invocó varios precedentes análogos del año 2015 donde la Justicia ya había frenado nombramientos similares en la Auditoría por violaciones reglamentarias.
Reclaman la inconstitucionalidad
Desde el entorno de Ritondo, explicaron que "lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado. Le pedimos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores, que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado".
En el PRO contaban con que sería nombrado Jorge Triaca, pero quedaron afuera de un acuerdo presuntamente establecido entre Martín Menem, Fuerza Patria y los gobernadores del norte.