inicia sesión o regístrate.
El Gobierno nacional evalúa derogar por decreto de necesidad y urgencia (DNU) la ampliación del Régimen de Zona Fría, sancionada en 2021 mediante la Ley 27.637, lo que implicaría el fin del subsidio al gas natural para más de tres millones de usuarios en todo el país. En Salta, la decisión podría afectar directamente a 135.577 beneficiarios.
Según un documento oficial del Ministerio de Economía, publicado por el sitio especializado EconoJournal, la derogación del régimen permitiría un ahorro fiscal de unos USD 300 millones anuales. Para evitar el paso por el Congreso, donde podría encontrar resistencia por parte de los gobernadores y legisladores provinciales, la Casa Rosada baraja la posibilidad de avanzar con un DNU después de las elecciones legislativas de octubre.
La Ley 27.637 amplió en 2021 el universo de beneficiarios de 850.000 a más de 4,3 millones de usuarios residenciales, incluyendo zonas templadas como el interior bonaerense, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta. Esta ampliación otorgó descuentos del 30% y 50% en la tarifa del gas, sin discriminar el poder adquisitivo de los hogares, lo que el Gobierno actual considera una distorsión del esquema original creado en 2002, que solo contemplaba a regiones de clima extremadamente frío como la Patagonia, la Puna y Malargüe.
En el caso de Salta, según datos oficiales del Régimen de Zona Fría, 68.741 usuarios reciben actualmente un descuento del 30% en la tarifa de gas y otros 65.798 acceden al beneficio del 50%. A ellos se suman 1.038 usuarios incluidos en el régimen original de 2002. En total, 135.577 hogares salteños serían alcanzados por el recorte.
La iniciativa también responde a críticas sobre la regresividad del subsidio, ya que se financia en parte con un recargo del 5,44% sobre el precio del gas en PIST que pagan todos los usuarios, incluidos aquellos de menores ingresos que no están incluidos en el beneficio. Asimismo, desde la Secretaría de Energía aseguran que se produjo un aumento del 7% en el consumo unitario de gas en las zonas que ingresaron al régimen en 2021, lo que contradice el objetivo de eficiencia energética.
La eliminación del subsidio afectaría directamente a usuarios de ingresos medios y bajos en provincias del NOA y el Cuyo. En Salta, según la Ley 27.637, el beneficio se extendió a distintos departamentos con bajas temperaturas, especialmente en invierno.
Desde el Palacio de Hacienda no descartan iniciar una eliminación progresiva del régimen, comenzando por excluir a usuarios con más de un medidor o con mayor poder adquisitivo. De concretarse la medida, los hogares salteños afectados verían un aumento directo en sus facturas de gas, en un contexto económico ya marcado por la inflación y la quita de otros subsidios.
Críticas al kirchnerismo
La intención del Gobierno de Javier Milei de derogar por decreto la ampliación del Régimen de Zona Fría no sólo obedece a una búsqueda de ahorro fiscal, sino también a una reevaluación del diseño mismo del subsidio. En los pasillos del Ministerio de Economía consideran que la expansión realizada en 2021, bajo el mandato de Alberto Fernández, desvirtuó el espíritu original del programa, al incorporar a más de tres millones de usuarios sin criterios técnicos rigurosos.
Originalmente creado en 2002 mediante la ley 25.565, el régimen se enfocaba en subsidiar la demanda residencial de gas natural en zonas de clima extremadamente frío: la Patagonia, la Puna y Malargüe. Pero la ampliación aprobada en 2021 —Ley 27.637— extendió el beneficio a zonas templadas como el interior de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, lo que elevó los beneficiarios a más de 4 millones.
Desde el Palacio de Hacienda argumentan que el esquema actual no distingue entre hogares de altos y bajos ingresos. Así, el beneficio alcanzó también a usuarios de sectores medios y altos en regiones que no sufren temperaturas extremas, distorsionando la lógica redistributiva del subsidio. Además, señalan que el financiamiento del sistema es doblemente regresivo: por un lado, se sostiene con un recargo del 6,97% en la tarifa de gas que pagan todos los usuarios; por otro, con transferencias directas del Tesoro.