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Cristina Kirchner y los demás condenados por la causa Vialidad fueron intimados a devolver al Estado argentino una cifra multimillonaria: US$ 504.460.000, al tipo de cambio oficial actual. El monto fue determinado por peritos de la Corte Suprema y elevado al juez federal Jorge Gorini, a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 2. El plazo para realizar el depósito judicial es de diez días y alcanza a todos los responsables de manera solidaria, es decir, cada uno puede ser obligado a cubrir la totalidad de la suma si los demás no lo hacen.
La cifra en pesos asciende a $684.990.350.139,86, lo que representa la actualización del monto original -estimado en 85 mil millones de pesos- fijado en la condena dictada el 6 de diciembre de 2022. Esa sentencia determinó que hubo una estructura de corrupción en la adjudicación de 51 contratos de obra pública a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Entre los condenados figura la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Si bien la vicepresidenta no irá a prisión por tener fueros parlamentarios y la sentencia aún no está firme, cumple arresto domiciliario en su vivienda de la calle San José, en el barrio porteño de Recoleta.
También integran la lista de condenados Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo y beneficiario de la obra pública; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas, y Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional, entre otros.
Todos ellos fueron declarados responsables de maniobras que perjudicaron las arcas públicas y ahora deberán hacerse cargo del daño económico causado. La devolución del dinero se realizará en concepto de responsabilidad civil solidaria, lo que implica que el Estado podrá embargar bienes o solicitar el pago a cualquiera de los condenados por la totalidad del monto.
La decisión se desprende del cálculo realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, quienes analizaron la evolución del monto inicial, su actualización por inflación y las tasas aplicables desde el momento del perjuicio económico hasta la actualidad.
El Tribunal también informó que, en caso de incumplimiento, se procederá al secuestro de bienes, cuentas bancarias y activos patrimoniales, tanto de los condenados como de cualquier tercero que haya participado en la maniobra o haya recibido fondos derivados del fraude.
El caso Vialidad se transformó en el primer juicio oral por corrupción contra Cristina Kirchner que culminó en condena. Pese a ello, la ex presidenta sostiene que el proceso fue parte de una “persecución política y judicial” y apeló el fallo ante la Cámara de Casación Penal, que aún no se pronunció.
Por lo pronto, la orden judicial abre una nueva etapa del caso, que ya no gira solamente en torno a la responsabilidad penal, sino también al intento del Estado de recuperar los fondos públicos desviados, una cifra que representa más de dos veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud de la Nación.
En medio de la crisis económica que atraviesa el país, la medida tiene además una fuerte carga simbólica: el intento de mostrar que, aunque lentamente, la Justicia avanza en la reparación del daño al erario público. Resta saber si los condenados cumplirán el fallo o si, como en otros casos emblemáticos, la recuperación efectiva del dinero quedará como una promesa inconclusa.