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La República Argentina le pidió ayer a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska suspender el fallo que pretende obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los dos fondos de inversión que iniciaron la demanda.
En una carta enviada a la magistrada, el gobierno del presidente Javier Milei le anticipó también que presentará una "apelación formal" en los próximos días.
En su presentación, la Argentina destacó que el gobierno estadounidense ha apoyado su postura y argumentó que conceder la suspensión es "crucial".
Este lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51 por ciento de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.
Según informó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios que afronta la Argentina en el exterior, en su presentación la Argentina advierte que, de no ser otorgada la apelación, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.
Además, le recuerda a la magistrada que el Gobierno de los EEUU apoyó al país y es crítico de que se otorgue la suspensión.
"La República Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena la transferencia de sus acciones de YPF a los acreedores judiciales", precisó Maril.
Fuentes de la Casa Rosada aclararon que el gobierno argentino no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.
La estrategia es apostar a disputar el monto final de la sentencia -calculada en US$ 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla, según fuentes de Casa Rosada.
La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la Corte de Apelaciones, que es una segunda instancia.
En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de "cumplimiento imposible".
"No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia", dijo una fuente oficial.
Dispuestos a negociar
Los fondos que ganaron el juicio por la expropiación de YPF, entre ellos Burford Capital y Eton Park, abrieron una puerta de negociación con el Gobierno argentino. Luego del reciente fallo de la jueza Preska que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera en un plazo de 14 días, las partes comienzan a explorar alternativas. A sabiendas de que la Argentina no tiene capacidad de pagar en efectivo ni transferir acciones sin un fuerte impacto institucional, los demandantes evalúan aceptar bonos soberanos y una extensión en los plazos de pago.
Los acreedores, conscientes de que un cobro directo es inviable, buscan instalar mediadores y acelerar contactos para lograr un entendimiento antes de que el proceso escale. La estrategia apunta a evitar una confrontación que complique aún más la situación jurídica y económica del país.
Burford Capital, el fondo más visible en esta disputa legal, contrató al exbanquero argentino Gerardo "Gerry" Mato para actuar como lobbista en Estados Unidos. Con experiencia en Merrill Lynch y HSBC, y conexiones en organismos clave como el Atlantic Council y la US Chamber of Commerce, Mato se convirtió en una pieza central para acercar posiciones entre el fondo y la administración de Javier Milei. Mientras tanto, el fondo mantiene acciones judiciales complementarias que buscan presionar al Gobierno, como pedidos de embargo y maniobras para demostrar que YPF y el Estado argentino son una misma entidad.
El origen de la demanda y los litigantes
Además de litigar contra Argentina, Burford Capital también financia el juicio de Eton Park, otro de los accionistas perjudicados por la expropiación de YPF. Ambos inversores eran los segundos y terceros mayores tenedores de acciones de la petrolera, detrás de Repsol. El fallo de la jueza Loretta Preska contra la Argentina no impugna el derecho a expropiar, sino el incumplimiento del estatuto de YPF que obligaba a que el Estado realizada una oferta pública de adquisición a todos los accionistas. El juicio por YPF en Nueva York comenzó en 2015, tras la quiebra del Grupo Petersen en España.