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En la víspera del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso mediante la Ley Bases, el Gobierno nacional anunció ayer el cierre "definitivo" de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y de la Agencia de Seguridad Vial.
Según expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión será publicada hoy en el Boletín Oficial y dispondrá la eliminación del organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones serán traspasadas a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Vialidad Nacional fue creada en 1932, mediante la ley Nº 11.658, como respuesta a la necesidad de construir y mantener caminos adecuados para las demandas del transporte automotor. Tras más de 90 años de funcionamiento, su desarticulación abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores estatales.
Eje de una causa judicial
El organismo se ocupa del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.500 trabajadores en todo el país. Su desguace fue justificado por Adorni, quien afirmó que "la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei".
Agregó que este organismo fue eje de la causa judicial por irregularidades en la concesión de obras entre 2003 y 2015 por la que fue condenada a seis años de prisión la expresidenta Cristina Kirchner.
Sostuvo también que el Gobierno "dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país".
"Rutas de la muerte"
Al cruce de las afirmaciones de Adorni salió la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), Graciela Aleñá, quien hizo responsables a Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger por el impacto de la medida, al señalar que generará "rutas nacionales de la muerte, ya que se va a profundizar la peligrosidad".
"Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y están armando este decreto para hacer negocios", denunció.
Alertó que con esa decisión, "más de 5.500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura".
Aleñá explicó que "esto no es una simple reorganización administrativa" como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones".
Y concluyó que "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal".