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El lanzamiento de un frente liderado por cinco gobernadores, para terciar en las elecciones legislativas de octubre y construir bloques independientes en el Congreso, lejos de amenazar la gobernabilidad, puede aportar equilibrio institucional y contribuir a la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo federal del país.
La denominación adoptada de "Grito federal", de inequívoco tono electoral, define el propósito de un nuevo impulso para que el poder central contemple a la Argentina con una visión de conjunto y deje de lado el hipercentralismo histórico.
Los cinco mandatarios que lanzaron el frente son Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Martín Llaryora (Córdoba); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Más allá del éxito electoral que puedan alcanzar en octubre y de la proyección que esta iniciativa tenga en las elecciones presidenciales de 2027, lo cierto es que se insinúa, de a poco, la posibilidad de una alternativa a las fuerzas dominantes, el oficialismo libertario y la oposición kirchnerista, enfrentados en una grieta cada vez más profunda e inconciliable.
La construcción de un país federal es una deuda de todos los gobiernos con la Constitución nacional. Y no se trata solo de un tema de las provincias. La misma estructura económica se resiente cuando todo su comercio exterior depende la exportación de productos agroindustriales, mineros o hidrocarburíferos y de la importación de bienes industriales de consumo.
Esa producción primaria es vital también para las provincias, pero es imprescindible que, además, se generen en todo el territorio del país fuentes de industria liviana y pesada, que se incorpore tecnología de punta y que se garantice un nivel de educación de excelencia y a la altura de los tiempos.
La paralización de miles de obras públicas en todo el territorio golpea hoy en los niveles de empleo, pero también estanca la posibilidad de disponer de una infraestructura de transporte automotor, ferroviario y fluvial que contribuya a una actividad económicamente competitiva.
El éxito del presidente Javier Milei y de su gobierno en la contención de la inflación, que hace veinte meses, al iniciar su gestión, nos colocaba a las puertas de la estanflación es innegable. Se logró con una drástica reducción del gasto público, cuyas consecuencias sociales son inevitables, pero que evitó una catástrofe que parecía inminente. De todos modos, no habrá superávit fiscal consolidado ni equilibrio financiero solo con medidas de ajuste.
El superávit fiscal se alcanzó, entre otras cosas, por la suspensión de los aportes especiales del Tesoro y el impuesto a los combustibles, que son parte de la coparticipación federal. Asimismo, el gasto público de las provincias no se redujo en igual medida que el de la administración nacional.
Además, pasado un año desde la celebración del Pacto de Mayo no se logró ningún avance en cuestiones críticas. En primer lugar, no puede haber una economía competitiva sin una reforma tributaria que simplifique y abarate los costos, y que sólo puede lograrse con leyes que surjan de un acuerdo con las provincias, ya que allí se incluye la reforma de la coparticipación. Al mismo tiempo, no se ha registrado ningún avance en la reforma previsional y en los regímenes laborales.
El Estado nacional debe asumir un rol protagónico para hacer posible un proyecto de desarrollo. Las confrontaciones grotescas entre "ultraestatismo" y "anarcocapitalismo" degradan a la política en un maniqueísmo fanático que no aporta nada, y menos, a las provincias. La iniciativa de los gobernadores es alentadora, porque aporta un contrapeso. El gobierno de Milei debería dejar de lado los temores persecutorios y aprovechar la oportunidad para tender puentes con las provincias que disminuyan las tensiones y permitan comenzar a construir democracia y federalismo en serio, que es lo que esperan los argentinos.