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El último tramo de este año electoral se vive con un clima de fuerte tensión entre la dirigencia política, lo que se refleja en los discursos, las redes, los actos públicos y también en el ámbito del Congreso. El jueves, el Senado rechazó definitivamente el veto a la ley de emergencia por la Discapacidad y sancionó un proyecto de Ley que prácticamente inhibiría al presidente Javier Milei para el uso de decretos de Necesidad y Urgencia. Para un presidente con minoría en ambas cámaras, quedarse sin la posibilidad de emitir decretos de esa naturaleza y de sostener los vetos a leyes que vayan en contradicción con su proyecto, la gobernabilidad se volvería muy difícil.
En el caso de la discapacidad, así como con el presupuesto hospitalario, la aplicación dogmática del ajuste es imprudente y termina volviéndose contra el propio gobierno, porque afecta necesidades básicas de la sociedad.
En cambio, la controversia por los DNU muestra la contradicción de la vida política en su máxima expresión. El Senado pretende modificar una Ley presentada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner y que, al requerir la aprobación de una sola de las cámaras, o directamente, el no tratamiento del decreto, este quedaba automáticamente convertido en Ley. Hoy, los mismos kirchneristas son los que impulsan este cambio, aprovechando su prevalencia en el Poder Legislativo y las rupturas entre el oficialismo y sus aliados. De todos modos, para que ese proyecto sea ley falta la sanción de Diputados y el seguro veto presidencial. Y, para entonces, habrán pasado las elecciones de octubre y la composición del Congreso será otra.
En primer lugar, cabe señalar que la Constitución Nacional, reformada en 1994, habilita los DNU "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos …. para la sanción de las leyes".
En estas dos décadas, los presidentes los aprovecharon para gobernar a decretazos, con la aquiescencia del Congreso.
Estamos llegando a una situación límite. Un país no puede vivir en estado permanente de emergencia. Sin embargo, distintas leyes de emergencia han sido prorrogadas casi sin solución de continuidad desde la crisis de 2001 y han facilitado una gran discrecionalidad presidencial en el manejo de los recursos del Tesoro, en perjuicio de los presupuestos provinciales. A esto se añade la práctica de prorrogar arbitrariamente el presupuesto nacional.
Esa cultura de la emergencia ha incluido la permanente delegación de atribuciones parlamentarias a favor del Poder Ejecutivo, fortaleciendo el hiperpresidencialismo, ajeno al espíritu de la reforma constitucional.
Las leyes no pueden ser utilizadas por una mayoría opositora como un instrumento de revancha política ni como una forma de obstrucción de la gobernabilidad. Los presupuestos para asistir a la discapacidad, para la educación y para la salud pública no pueden ser fichas de cambio para la lucha política. Son obligaciones de los gobernantes y legisladores, que debe asumirlas creando un clima de diálogo político que hoy no existe. Y que no es una tradición en un país cada vez más polarizado. Un Congreso que no debate con seriedad los problemas de la ciudadanía tiene pocos fundamentos para confrontar con un presidente que, a su vez, deja muy poco margen al diálogo y los acuerdos.
Unos y otros deberían tener presente siempre que todos ellos fueron elegidos por el pueblo y que, en la democracia, el pluralismo y la tolerancia son condiciones indispensables.
El presidente defiende decisiones políticas que fueron convalidadas por una mayoría; los legisladores opositores, a su vez, representan a una minoría, pero, unos y otros deben responder al país por sus actos. El tenor de los agravios, la prepotencia y la violencia física y verbal de toda la campaña electoral son un mal presagio para el país, gane quien gane en las elecciones bonaerenses de hoy y en las legislativas nacionales de octubre.