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La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal sumó un rechazo de peso por parte de la Iglesia Católica, en momentos en que el Senado se prepara para tratar en sesiones extraordinarias el proyecto de reforma del régimen penal juvenil impulsado por el Gobierno nacional. La máxima conducción eclesiástica reiteró ayer sus reparos a la iniciativa y advirtió sobre los riesgos de reducir el debate a una cuestión estrictamente etaria.
"La Iglesia está cercana al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos; sin embargo, insistimos en que una discusión centrada solo en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado", expresó la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), presidida por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.
De este modo, la CEA fijó su posición frente al proyecto oficial y sostuvo que una reforma enfocada solo en reducir la edad de responsabilidad penal es insuficiente para abordar la complejidad del delito juvenil. Los obispos remarcaron que "el desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho".
Un comunicado titulado "Más oportunidades que penas"
El pronunciamiento fue difundido a través de un comunicado titulado "Más oportunidades que penas", en el que la Iglesia advirtió que un énfasis exclusivo en la sanción penal puede invisibilizar factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y la ausencia de acompañamiento estatal. Según el texto, una respuesta eficaz debe contemplar políticas de prevención y contención que excedan el castigo. El documento retoma además cuestionamientos planteados por la Pastoral Social en 2025, entre ellos el destino de los menores en caso de aprobarse la reforma y la capacidad real del sistema para garantizar procesos de educación y reinserción social. Y plantea dudas sobre la infraestructura disponible en las provincias y sobre si las instituciones penitenciarias están en condiciones de trabajar con adolescentes.
La Conferencia Episcopal insistió en la necesidad de avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada integral y humanizada, orientada a la recuperación y no solo a la sanción. En ese marco, evocó la figura de san Juan Bosco y los 150 años de presencia salesiana en el país, destacando un modelo pedagógico basado en la cercanía, la educación, el trabajo y la vida comunitaria como herramientas para el desarrollo de los jóvenes.
Los obispos subrayaron también la importancia de fortalecer las políticas educativas y comunitarias y de consolidar estrategias preventivas sostenidas en el tiempo. Afirmaron que la prevención del delito juvenil requiere del compromiso de las familias, de comunidades activas y de un Estado con capacidad de intervención. El comunicado fue firmado por las principales autoridades de la Comisión Ejecutiva de la CEA.
En paralelo, el Gobierno avanzó con el envío del proyecto al Congreso en un contexto atravesado por el impacto del crimen de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe. Tras haber perdido estado parlamentario luego del recambio legislativo, la propuesta deberá ser tratada nuevamente desde el inicio. El proyecto fija los 14 años como edad mínima de imputabilidad, prevé penas de hasta 15 años para delitos de extrema gravedad y excluye la prisión perpetua, además de incorporar medidas alternativas a la cárcel y la creación de institutos especializados para menores.