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La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido de la Argentina para suspender el proceso de discovery en la causa por la expropiación de YPF, donde el país fue condenado en primera instancia a pagar US$16.100 millones más intereses.
La decisión de la magistrada estadounidense implica que los demandantes podrán seguir adelante con la búsqueda de activos argentinos que eventualmente podrían ser ejecutados para cobrar la sentencia.
El discovery es la etapa posterior al fallo en la que las partes intercambian información relevante. En este caso, los beneficiarios del fallo -entre ellos Burford Capital- buscan identificar bienes del Estado argentino en el exterior.
La República Argentina había solicitado frenar ese proceso hasta que se resolviera la apelación contra la sentencia definitiva (presentada en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, el tribunal superior inmediato al Distrito Sur que conduce Preska), donde se dictó la condena por US$ 16.100 millones en el caso por la expropiación de YPF., pero el tribunal entendió que no correspondía.
Preska recordó que, tras la sentencia del 15 de septiembre de 2023, la Argentina pidió suspender su ejecución sin presentar una garantía total. En noviembre de ese año, la jueza concedió una suspensión parcial con condiciones: en lugar de exigir la fianza completa habitual, aceptó una garantía alternativa reducida, consistente en la prenda sobre la participación accionaria del Estado en YPF y sus cuentas por cobrar vinculadas al proyecto Yacyretá.
Sin embargo, el fallo subraya que el país no cumplió con esas condiciones. Según el tribunal, la República volvió a solicitar una exención total o una prórroga adicional, alegando que la pignoración de activos requería una ley del Congreso argentino. La magistrada consideró que no se hicieron esfuerzos concretos para satisfacer los requisitos fijados y afirmó que la sentencia no estuvo suspendida desde enero de 2024.
El tribunal también rechazó el argumento de que correspondía una nueva suspensión "sin garantía", al señalar que se trata de un planteo ya desestimado. En su resolución, Preska advirtió que conceder ahora una suspensión perjudicaría a los demandantes, que llevan más de dos años intentando cobrar una sentencia que no está formalmente suspendida.
Además, la jueza negó el pedido alternativo de frenar el discovery vinculado a comunicaciones personales y los procedimientos de desacato, que también fueron apelados por la Argentina. No obstante, aclaró que si el país fuera declarado formalmente en desacato, podría considerar una eventual solicitud para postergar la ejecución de esa orden mientras interviene la Corte de Apelaciones.
En términos prácticos, la decisión refuerza la posición de Burford en la etapa de ejecución del fallo. Mientras la apelación sigue su curso, la Argentina deberá enfrentar un proceso de búsqueda de activos en el exterior, en un litigio que sigue escalando en complejidad y exposición financiera.
Activos en la mira
En esta etapa del juicio por la expropiación de YPF, el fondo Burford Capital intenta identificar activos argentinos en el exterior que puedan ser ejecutados para cobrar la sentencia. Entre los focos aparecen participaciones accionarias -como las de YPF-, créditos vinculados a proyectos energéticos y también información sobre las reservas de oro del Banco Central. El Estado sostiene que esos activos gozan de inmunidad y no pueden ser embargados. En paralelo, los demandantes solicitaron datos sobre la localización, titularidad y administración de bienes estatales, así como antecedentes de transferencias recientes que permitan determinar si existen activos alcanzables por la ejecución. También pidieron la comparecencia de funcionarios con conocimiento directo sobre la estructura y custodia de esos bienes, en especial aquellos bajo órbita del BCRA.