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La Cámara de Diputados vivió ayer una jornada atravesada por fuertes cruces y tensión durante la primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que busca habilitar actividades productivas en zonas periglaciares.
El debate comenzó pasadas las 10, bajo la conducción de los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz. Desde el inicio, la audiencia estuvo marcada por interrupciones, abucheos y consignas en contra de la minería.
La mayoría de los expositores se manifestó en rechazo al proyecto, cuestionando tanto el contenido de la reforma como la modalidad de participación, que limitó la cantidad de oradores. Durante la jornada, se escucharon reclamos por la escasa representación de voces provinciales y advertencias sobre el impacto ambiental de habilitar actividades extractivas en áreas consideradas estratégicas para la reserva de agua.
Marcelo Arteaga, de Chubut, alertó sobre la contaminación y la falta de acceso al agua. En la misma línea, la secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, sostuvo que el agua "es una condición de existencia" y advirtió que decisiones tomadas en otras regiones afectan directamente a provincias aguas abajo. También hubo discursos críticos desde distintos sectores políticos y sociales. La funcionaria bonaerense Daniela Vilar pidió que el proyecto no avance y alertó sobre posibles consecuencias en cuencas clave como la del río Colorado. En tanto, la exdiputada Marta Maffei cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa, mientras que el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel remarcó que "el agua no es una mercancía, es un derecho humano".
La única defensa clara del proyecto llegó desde el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien sostuvo que la minería es clave para el desarrollo económico y negó que exista una incompatibilidad con el cuidado del agua.
El debate continuará en comisiones, en medio de un escenario de alta conflictividad política y social, con posiciones cada vez más enfrentadas sobre el futuro de la legislación ambiental en el país.