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Verónica Spaventa cambió de trabajo: desde esta semana es la secretaria letrada de la jueza de la Corte de Justicia, Susana Kauffman, por lo que dejó la delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
La llegada de Spaventa viene precedida por una fuerte disputa de poder entre la Corte de Justicia y la Procuración General de la Provincia. Esta surgió en junio cuando Kauffman propuso que la abogada María Victoria Mossman fuera designada como secretaria letrada de la Corte, hecho que fue rechazado por la mayoría de los miembros del máximo tribunal provincial.
Uno de los que habían rechazado el nombramiento de Mossman fue el juez de Corte, Abel Cornejo, quien cuatro años atrás la había dejado afuera (entonces, su asesora) por “falta de confidencialidad, prudencia y recato”.
El rechazo a Mossman fue presentado por Kauffman como “discriminación de género” y esa discusión llegó a la Legislatura de la mano de su esposo, el diputado Guillermo Martinelli con el apoyo de su par Liliana Mazzone. Esta última llegó a presentar un pedido de juicio político al juez Cornejo, acción que semanas más tarde fue desestimada.
Para muchos, el trasfondo de la polémica fue un conflicto institucional entre la Corte y el procurador general Pablo López Viñals. Se cree que el funcionario intentó avanzar sobre el máximo tribunal logrando la designación en un cargo clave (los secretarios letrados tienen acceso a todos los expedientes que llegan a la Corte) de una persona de su entorno: Mossman es esposa de uno de sus funcionarios más cercanos. Advertidos de esta situación, la mayoría de los jueces impidió el ingreso de la abogada a la secretaría letrada.
Nueva cara, nuevo perfil
Spaventa llega a la Corte con una historia muy diferente. El primer punto es que no recibió objeciones de los miembros del máximo tribunal a su designación como asesora letrada de la jueza Kauffman, quien además está al frente de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta.
En el Inadi, Spaventa trabajó sobre temas de discriminación y defensa de sectores sociales minoritarios o vulnerables. Por ello su perfil concuerda con la tarea que despliega la magistrada, sobre todo en un momento en el que la Corte tiene entre los temas pendientes un pedido de dos organizaciones no gubernamentales para declarar inconstitucional el reglamento emitido por el Gobierno provincial para la práctica del aborto no punible, y una apelación en contra de la ley de educación religiosa en las escuelas.
Mientras tanto, en el Inadi el sillón de la delegación está vacío. “Aún no hay nadie designado en el cargo”, explicó Spaventa ayer a El Tribuno. No obstante, aclaró que el organismo sigue funcionando y recibe los casos que luego se elevan a Buenos Aires.