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Las trabas a la habilitación municipal de la única estación de servicio de Salvador Mazza, que finalmente ayer fueron superadas, puso en evidencia una situación que sorprende por la impunidad. Es la venta casera de combustibles de contrabando, de origen boliviano.
Anunciado en pizarras, nafta y gasoil se expenden en viviendas familiares de diferentes barrios, pero el interrogante sobre la forma de ingreso por la frontera no tiene respuesta. Gendarmería, Aduana, la misma Policía y particularmente los controles de la Municipalidad brillan por su ausencia, y camionetas u otros vehículos transportan tachos con litros de combustibles como se traslada ropa y cualquier otra mercadería.
Provisión demorada
“Hasta lunes o martes próximos no habrá combustibles porque los trámites administrativos se hicieron muy tarde este viernes y la reapertura de la provisión no podrá hacerse hasta pasado el fin de semana”, explicó Francisco Burgos Muñoz, director de la estación de servicio Pocitos.
El directivo explicó que tras una audiencia programada de conciliación judicial en Tartagal, con los asesores del municipio llegaron a un acuerdo sobre el monto de la deuda que reclama la Municipalidad y que fue motivo del conflicto.
“La comuna bajó los montos que pretendía cobrar por deuda tributaria, se homologó ese monto y el plazo para pagarlo. Y las costas corren por partes iguales para ambos”, explicó. Con este acuerdo, la Municipalidad debió extender el certificado de renovación de habilitación de la estación de servicio hasta enero de 2014. También deberá informar a la Secretaría de Energía de la Nación para que reintegre el comercio al padrón de operadores y liberará a YPF para enviar los camiones.
Consultado por El Tribuno sobre la venta casera, Burgos Muñoz remarcó que “nos exigen con justa razón instalaciones y documentación en orden. Pero nadie actúa sobre la comercialización ilegal, con el peligro que significa, más allá de la competencia desleal”, señaló.