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El presidente del Círculo Médico, Sergio Beretta, aseguró que un profesional tuvo que interrumpir el embarazo de una víctima de violación en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) pese que no estaba de acuerdo con realizar esta práctica. Graciela Abutt Carol, abogada que demanda agilizar la atención a las mujeres abusadas, cuestionó en tanto que funcionarios del Estado se nieguen a atender estos casos.
La institución que preside Beretta publicó ayer una solicitada para exigir que los médicos tengan derecho a plantear una objeción de conciencia y no realizar abortos en los hospitales.
La Corte de Justicia de la Nación consideró que las mujeres embarazadas como producto de una violación pueden detener la gestación sin que haya sanciones para ellas o los profesionales que la asistan.
El Gobierno de Salta redactó un protocolo que establece cómo se debe hacer el aborto en estos casos. El instrumento contempla que un trabajador de la salud puede negarse a realizar la intervención y que se debe buscar otro que lo reemplace.
Beretta dijo que hace unos 10 días se presentó una víctima de violencia sexual en el HPMI para detener su embarazo y que un profesional que había expresado una objeción de conciencia “se vio obligado” a concretar la práctica. Según dio a entender, el médico habría tenido que acatar la decisión de un superior.
Las autoridades del HPMI habían difundido que se garantizaría la atención a las mujeres que sufrieron una violación pero que se respetaría la decisión de los médicos que no quisieran participar. El Tribuno no logró ayer que la gerencia respondiera sobre el planteo del Círculo Médico.
Graciela Abutt Carol, abogada que presentó una demanda judicial para que el Gobierno brinde asistencia rápida a las víctimas de violación, opinó que los empleados de hospitales no pueden negarse a realizar la intervención en estos casos.
“La objeción de conciencia no le cabe a quien reviste la calidad de funcionario público. En el ámbito de lo estatal existe la obligación legal de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, manifestó la letrada.
La abogada además agregó: “... De no estar de acuerdo, la renuncia es la mejor opción para que el Estado pueda cumplir con sus fines y el profesional no se sienta violentado”.