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Luego de que la Corte Suprema rechazara el lunes por unanimidad el per saltum solicitado por el Gobierno, las presiones se intensificaron sobre los jueces, y en particular sobre el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti. Desde el oficialismo lo señalan como el culpable de los rechazos judiciales por sus pretensiones políticas. En este marco, tal como era previsible, el kirchnerismo presentó un recurso extraordinario objeteando el fallo de la Cámara que prorrogó la medida cautelar para el Grupo Clarín en la causa por la Ley de Medios.
Uno de los que tomó la posta para atacar al juez Lorenzetti fue el diputado kirchnerista, Carlos Kunkel. “No puede hacer un virtual lanzamiento de la candidatura presidencial alguien desde la presidencia de la Corte Suprema”, alertó el legislador oficialista y aseguró que, si esto es así, “lo que hay que hacer es dejar el cargo”.
Sin embargo, el mismo lunes el magistrado salió al cruce de esas versiones. Sin fisuras en su alocución, Lorenzetti afirmó que la finalidad de los rumores son previsibles, porque “se pretende afectar la imagen imparcial de un juez, vinculándolo a una candidatura política”.
Solo dicen lo que piensan
Bajando el tono a los agravios y a los cruces mediáticos, Kunkel se engargó de desestimar que hayan presiones a la Justicia. “No estamos presionando, para nada, lo que estamos diciendo es lo que pensamos” aseguró el dirigente kirchnerista.
En la misma sintonía se inscribieron las declaraciones del ministro de Justicia, Julio Alak. Afirmó que la gestión de Mauricio Macri recusó “763 veces” al magistrado porteño Roberto Gallardo, en tanto que, según dijo, el Gobierno nacional recusó a ocho jueces, y se quejó de que ante esa situación se hable de “presión”.
De esta manera, el funcionario aseguró que “el Estado va a seguir utilizando todos los medios procesales de los que dispone para que la ley se cumpla”.
Rechazos y advertencias
Dentro del conflicto por la Ley de Medios, magistrados, jueces y abogados salieron a posicionarse frente al último fallo de la Corte y lo acontecido hasta el momento. Hubo rechazos al fallo y advertencias al Gobierno por las excesivas críticas a la Justicia.
Por un lado un grupo de jueces, fiscales, defensores públicos, académicos y funcionarios del sector firmó una solicitada en la que pidió “una justicia legítima” e “independiente de los intereses económicos”, al rechazar el comunicado que la semana pasada emitió la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial. Al mismo lo firman, entre 200 magistrados y académicos ligados al oficialismo como la procuradora general Alejandra Gils Carbó, la defensora general Stella Maris Martínez, el juez federal Eduardo Freiler y el constitucionalista Eduardo Barcesat, en medio de los cuestionamientos de sus pares por lo que consideran un avance del Gobierno sobre la Justicia en el marco de la aplicación de la Ley de Medios.
Mientras que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó ayer a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de sus críticas al sistema judicial, y advirtió que su discurso “legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal”.
No obstante, remarcó que comparte los dichos de la mandataria "sobre la democratización de los tres poderes del Estado y los métodos transparentes y participativos”.