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La jueza en lo Civil y Comercial Federal Silvina Bracamonte rechazó hoy un pedido de la Sociedad Rural Argentina para frenar la expropiación del predio feriado de Palermo dispuesta por el Gobierno Nacional.
Fuentes judiciales informaron que la jueza rechazó la medida cautelar presentada por la Rural para evitar que el predio regrese al Estado Nacional.
El gobierno de Cristina Fernández le dio 30 días a la Sociedad Rural para retirarse del predio, los cuales se cumplirían el 21 de enero próximo, cuando podría decidirse el desalojo por la fuerza del predio, de ser necesario.
Sin embargo, no se dieron aún precisiones sobre cuál será la finalidad que le dará al predio, aunque fuentes cercanas al oficialismo especulan con convertirlo en una especie de feria
Tecnópolis, pero en el corazón de Palermo.
Tras el fallo, según informaron fuentes judiciales, la Sociedad Rural apeló, y ahora será la Cámara la que resuelva la cuestión de fondo.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) informó que la medida cautelar fue rechazada por ‘cuestiones formales‘.
‘La jueza no llegó a analizar ni a rebatir los argumentos presentados por la SRA. Esta medida ya fue apelada y confiamos en la Justicia, porque creemos que tenemos derecho al otorgamiento de la medida cautelar‘, dijo la Rural.
En tanto, la entidad insistió en que ‘la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de revocar el contrato de compraventa es totalmente arbitraria, ya que afecta nuestro derecho de propiedad e implica arrogarse facultades judiciales‘.
Es posición de la centenaria entidad que ‘quiénes tienen que determinar el saldo del precio, y la validez del contrato son los jueces. El decreto 2552/2012 es una confiscación prohibida por la Constitución Nacional, artículo 17‘.
La Rural había iniciado acciones legales por considerar que la decisión del Gobierno ‘incurre en una aberración jurídica, al pretender anular por decreto, más de 20 años después, la venta del Predio de Palermo, efectuada a un precio justo determinado por el Estado nacional del que se pagó el 80 por ciento‘.
La decisión de la Rural de llevar el caso a la Justicia ya había sido adelantada por su titular, Miguel Etchevehere, mediante una solicitada en los diarios días atrás, luego de la resolución
del Poder Ejecutivo.
Los ruralistas aseguran que el Gobierno tomó la decisión como venganza contra el campo por la resolución 125, mediante la cual se intentó aumentar las retenciones a la soja, y que luego fracasó en el intento de ser aprobada en el Congreso en 2008.
Tras el fallo y la apelación posterior de la Rural, ahora el caso queda a estudio de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
Los jueces tendrán que definir si la presentación será evaluada durante la feria judicial de enero, para lo cual tendrán que habilitar el trámite de la misma, o lo harán una vez retomada la actividad judicial en febrero, pero para entonces el predio debería estar desocupado y ya en poder del Estado.