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A cuatro meses del megaoperativo que terminó con Finca Karina clausurada y una red de contrabando desarticulada en Aguas Blancas, el caso federal tiene cuatro prófugos, diez imputados en libertad controlada control y una encausada, Gladis Salazar, con prisión preventiva. Uno de los fugitivos es Alfredo Salazar, hermano de la mujer que sigue recluida y presunto organizador de la estructura delictiva. La asociación ilícita operó por años, en la plena Zona Segura de Frontera, con una insólita permisividad que causó un enorme perjuicio económico al Estado argentino con una suerte de aduana paralela.
Todo esto fue remarcado por una de las salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, días atrás, en una audiencia en la que los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas resolvieron extender la prisión preventiva de Salazar, una técnica farmacéutica que se desempeñaba en el Hospital San Vicente de Paul, de San Ramón de la Nueva Orán, al momento de ser detenida.
La investigación penal
Tras los allanamientos que llevaron adelante en agosto 170 efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Salta, Aduanas y ARCA, el fiscal federal de Orán, Marcos Romero, formalizó la investigación penal contra 11 personas detenidas, a quienes se les dictó la prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado.
En las últimas semanas hubo una sucesión de audiencias en las que la Cámara Federal, al resolver recursos interpuestos por las respectivas defensas, consideró razonable que diez de las personas acusadas aguarden la presentación de la pieza acusatoria de la Fiscalía en libertad, pero con una serie de medidas restrictivas que deberán cumplir para no recaer en las cautelares de prisión domiciliaria o intramuros. Tienen prohibida la salida del país, tienen que presentarse cada 15 días en Gendarmería y deben abstenerse de cualquier acercamiento a Finca Karina, aun cuando ese predio fronterizo de Aguas Blancas sigue clausurado y bajo una custodia fija de las fuerzas federales desplegadas en la zona en el marco del denominado Plan Güemes.
En todos los casos -a excepción de Gladis Salazar- los jueces de la Cámara desprendieron por los elementos reunidos en la investigación preliminar que desempeñaron roles menos relevantes que los de los hermanos Salazar, el padre de los hermanos Cardozo (José Cardozo) y otros implicados que aún se encuentran prófugos.
Días atrás, en la última de una serie de audiencias vinculadas al caso, la Cámara Federal extendió la prisión preventiva de Gladis Salazar, tras no hacer lugar al recurso ni a los planteos subsidiarios con los que su defensa pidió que se le concediera la libertad en términos semejantes a los adoptados para otros imputados. El juez que presidió esa audiencia, Santiago French, le aclaró al defensor de Salazar: "Hay que separar la paja del trigo y es lo que hemos tratado de hacer en las anteriores audiencias en las que intervinimos dándole la libertad a otros imputados. Vemos que Salazar tiene un nivel de protagonismo más alto que el de aquellas personas a las que les dimos la libertad", agregó. French también remarcó que en el caso de Salazar, a diferencia de los anteriores, surgían de los elementos expuestos por la fiscalía y por las características del lugar (la frontera) riesgos procesales.
Titular registral
El magistrado precisó que la imputada, de acuerdo con la cédula catastral de una de las dos matrículas fronterizas integrales del predio que se conoce como Finca Karina, le compró ese inmueble a su hermano, en febrero último, "con un contrabando de enorme circuito y cantidad en plena operación". El juez insistió en que el inmueble que la tiene como titular registral "funcionaba peligrosamente como una aduana paralela con un enorme perjuicio al Estado". Y añadió que más allá de que pudiera o no haber ahorrado los $20 millones consignados en la escritura, y aun suponiendo que el precio de la operación hubiera sido real, ella manifestó que nunca fue a ese lugar. Sin embargo, subrayo French, "el fiscal Romero refutó esa afirmación con pruebas que mostraron a su teléfono impactando al menos siete veces en el predio, y ese es un elemento importante".
¿Prestanombre?
La defensa esgrimió que no deberían cargarse a ella los problemas de su hermano, quien a priori está sindicado como principal organizador de la estructura ilícita. Ante ese planteo, que la ubicaría en un rol secundario, French recalcó: "El punto es que ella contrató con su hermano y se involucró con la actividad de su hermano, y él está prófugo. No queda claro aún si es una simple prestanombre o alguien que tuvo una intervención bastante más protagónica, como sostuvo el fiscal Romero con elementos que no pudo refutar la defensa".
Arriendo irreal
En la misma línea, los jueces Solá y Rabbi-Baldi Cabanillas también refirieron que Gladis Salazar suscribió un contrato de arriendo, aparentemente irreal, para supuestas plantaciones de las que no hay evidencia alguna. Con todo, los camaristas concluyeron que, por el momento, todo parecería indicar que Salazar no es simplemente una técnica farmacéutica que solo se dedicaba a trabajar en el Hospital de Orán, sino que tenía un grado de participación mayor que el de otros imputados en la estructura de contrabando.
Al menos eso es lo que sostiene la teoría del caso que en pocas semanas más tendría presentada la pieza acusatoria con los grados de participación que, a criterio de la Fiscalía, habría tenido cada uno de los imputados sometidos a las cautelares en las que intervino la Cámara Federal.