inicia sesión o regístrate.
La investigación federal iniciada pasado el 26 de mayo reveló que el predio fronterizo de Aguas Blancas conocido como Finca Karina era un punto clave para el ingreso y egreso ilegal de mercancías entre Bolivia y Argentina.
para evitar los controles aduaneros. La magnitud de la operación, la estructura de la banda y la seriedad de los delitos imputados fueron cruciales para que la Justicia Federal ordenara el cierre y la detención de los implicados.
Gomones cruzaban el río Bermejo desde la localidad tarijeña homónima hacia esa suerte de aduana paralela de Aguas Blancas con toda clase de mercancías de contrabando e incluso -de acuerdo con las cinco áreas críticas descriptas en la estrategia operativa del Plan Güemes- con estupefacientes. A través de las playas de Finca Karina también eran cruzados a Bolivia vehículos robados, chatarra, sanitarios, productos de corralón y hasta rieles ferroviarios saqueados en el chaco salteño, como quedó corroborado con algunos de los allanamientos dispuestos en la sonada causa por la que el intendente de Morillo, Miguel Atta Genera, fue destituido y ese municipio de Rivadavia intervenido en noviembre de 2024.
La propiedad utilizada por la estructura ilícita tenía una playa adaptada para el desembarco de los gomones y puntos de control donde se cobraba por el tránsito de las mercancías.
La investigación identificó a varias personas con roles diversos en la red de contrabando. Alfredo Salazar, hoy prófugo, coordinada desde Bolivia envío de mercancías. En Aguas Blancas, José Suárez, junto a los hermanos Cardozo y Pedro Rivero, supervisaban el ingreso de vehículos y el cruce hacia Bolivia. María Laura Tintilay, una policía, también esta acusada de facilitar la operación.
El grupo cobraba una tarifa fija a contrabandistas y controlaba cada etapa del circuito ilegal: desde el ingreso de vehículos hasta la descarga de bultos y la explotación de puestos de comida. Se estima que por día ingresaban alrededor de 300 vehículos a Finca Karina para llevarse la mercadería de contrabando.
La investigación se sustentó en diversas pruebas: Información de inteligencia sobre actividades ilegales en la finca, trabajos de campo de Gendarmería y hasta un agente encubierto que confirmó el flujo de vehículos y mercancías. Un video grabado por un dron también aportó reveladoras imágenes de la magnitud de la operaciones ilegales. Allanamientos en la finca y otros domicilios de Orán, con incautación de documentación, teléfonos celulares y otras pruebas, agregaron importantes elementos a la investigación penal.
La organización había diseñado un sistema de cobros que garantizaba ingresos millonarios en efectivo. En el acceso a la finca, cada vehículo pagaba 2 mil pesos para poder ingresar. En la playa, se cobraban mil pesos por cada bulto descargado o cargado en los gomones. Con un promedio de 300 vehículos diarios, cada uno transportando alrededor de diez bultos, la recaudación por ese concepto irregular rozaba los 3 millones de pesos por día. Dentro del predio, además, funcionaban seis puestos de comida. Sus dueños abonaban 20 mil pesos diarios por permiso de explotación. Ese servicio, pensado para abastecer a cargadores, choferes y pasadores, agregaba al circuito ilegal otros 720 mil pesos semanales.
Según un informe conjunto de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas (DGA), con la actividad ilícita operativa seis días a la semana, las ganancias diarias totales superaban los $3,7 millones. Con un promedio mensual de casi 229 millones, el movimiento económico anual generado por el contrabando en Finca Karina ascendía a casi $3.000 millones.
Tras la clausura del predio, en agosto último, se dispuso una consigna fija de Gendarmería y se ordenó el análisis de los teléfonos incautados.
Según la teoría del caso de la Fiscalía, la red de contrabando desarticulada en Aguas Blancas era es parte de una estructura organizada con complicidades locales e internacionales. El cruce informal de mercancías era una práctica común, tolerada por quienes se benefician de la informalidad y la falta de fiscalización de organismos competentes.
En plena zona de seguridad fronteriza
Finca Karina es el nombre con el que se popularizó en Aguas Blancas un insólito fundo del contrabando organizado. El predio está conformado por dos inmuebles fronterizos de ese municipio cuyo Departamento Ejecutivo está intervenido desde septiembre de 2024.
El catastro principal, de 18 hectáreas, está identificado en la Dirección General de Inmuebles de la Provincia con la matrícula 10.383 de Orán. Su titular registral es Gladys Gloria Salazar, la única de los 11 imputados que tiene por el momento la investigación penal dirigida por el fiscal federal de Orán, Marcos Romero.
Gladis Salazar es una técnica farmacéutica que hasta el momento de su detención se desempeñaba en el Hospital San Vicente de Paúl de San Ramón de la Nueva Orán. En la cédula parcelaria, ella figura como argentina soltera. Según los asientos, el pasado 18 de febrero le compró el inmueble fronterizo de 18 hectáreas a su hermano, Alfredo Salazar, por $20 millones. En la cédula parcelaria él figura como argentino casado, pero tiene residencia real en Bolivia, desde donde coordinada a la estructura ilícita de contrabando y se presume que permanece prófugo con pedido de detención internacional.
El registro de la escrituración del inmueble que en los papeles le habría vendido a su hermana con prisión preventiva aclara: "No se recaba autorización para zona de frontera conforme resolución 166/09". Esta sola observación ameritaría una investigación federal conexa por la insólita indolencia con la que organismos públicos permitieron las transacciones inmobiliarias focalizadas en la zona de seguridad fronteriza y su ocupación irregular para operaciones ilícitas que causaron enorme afectación económica al Estado argentino, en abierta violación a leyes de orden público vigentes en el país.
Según los asientos de la cédula parcelaria de la matricula 10.383 del departamento Orán, Alfredo Salazar le había adquirido ese inmueble el 27 de agosto de 2019 a Paula Beatriz Ruiz en Córdoba.
Una de las caras visibles de Finca Karina era hasta su clausura José Luis Suárez, quien ante funcionarios federales se presentó como supuesto "inquilino" y justificó el alquiler en la falta de espacios en Aguas Blancas para la cantidad de vehículos que llega para cargar mercadería ingresada desde Bermejo (Bolivia) al país.