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El empresario Carlos Blaquier, acusado de ser cómplice de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura militar, negó hoy haber prestado camionetas a las fuerzas de seguridad para la detención ilegal de sindicalistas.
Mediante una carta, el dueño de la firma Ledesma lamentó que hasta el momento ‘numerosas pruebas aportadas‘ por su defensa ‘no fueron valoradas ni tenidas en cuenta‘.
‘Sobre la base de una interpretación sesgada del contexto político económico vigente en la década del 70 el juez concluyó que Ledesma habría aportado camionetas a las fuerzas de seguridad durante la dictadura y que esas camionetas se habrían utilizado para el traslado de personas detenidas en forma ilegal‘, se quejó Blaquier.
‘Mi defensa y Ledesma han aportado pruebas documentales que contradicen las acusaciones, en particular el testimonio de víctimas de la época que relataron que existía entre la empresa y los gremios un diálogo fructífero y cordial. También mi defensa ha probado que muchas de las víctimas de detenciones ilegales que trabajaban en la empresa fueron reincorporadas o iniciaron su relación laboral inmediatamente después de recuperar la libertad‘, agregó.
Semanas atrás, el juez federal Fernando Poviña procesó en Jujuy a Blaquier, acusado de ser cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas, en un operativo que tuvo lugar las noches del 20 al 27 de julio de 1976, en el hecho conocido como ‘El Apagón‘, que terminó con el secuestro de vecinos y referentes sindicales.