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Salta tiene una buena oportunidad para producir un golpe de timón en materia de seguridad.
El asesinato de las universitarias francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido el 15 de julio en San Lorenzo, es una página negra en la historia de Salta. Los homicidas, como ocurre en todas partes, albergan pulsiones perversas. No se trata de una cuestión de extracción social o de nivel educativo. Pero, si dos mujeres no pueden andar solas por un espacio público, hay una responsabilidad grave del Estado. La muerte de esas dos chicas no fue sorpresa para las autoridades policiales porque -según se supo después- desde un año y medio antes, en esa localidad, se habían multiplicado denuncias de turistas sobre robos, vejámenes y hasta violaciones. Las denuncias no avanzaban porque las víctimas suelen optar por irse de la provincia lo más rápido posible. No se tomaron precauciones hasta que ocurrió lo peor.
Pero este verano, el fenómeno se multiplicó. Dos chicas francesas asaltadas y abusadas cerca de La Casona del Molino y dos jóvenes danesas robadas por motochorros, en pleno centro, mostraron que asaltar turistas es una modalidad delictiva ya instalada. En Cafayate, un supuesto guía aborigen violó a una joven japonesa. ¿Podía la víctima imaginar que se trataba de un guía trucho? ¿O más bien les correspondía a los ministros de Seguridad y de Cultura y Turismo evitar que un violador se haga pasar por guía?
Una estudiante norteamericana denunció que, en un boliche de la Balcarce, la durmieron y la violaron. ¿Qué medidas de seguridad se adoptan para controlar ese paseo, donde la gente debería poder moverse con absoluta tranquilidad?
Diagnosticar y planificar son tareas esenciales del Estado. Negar la criminalidad de los crímenes es suicida, como sería nefasto tomar decisiones para evitar casos de violencia contra la mujer con criterios propios de una sobremesa de machistas.
Hay mucha gente, en Salta y en todas partes, que piensa y hasta dice que las mujeres violadas provocan al violador y que las golpeadas necesitan que les peguen. La realidad es que el violador es un criminal que necesita de la violencia para buscar el goce sexual, así como el golpeador es un cobarde que debe ser separado del hogar. Frente a estos personajes, que existen en todas partes, no hay solución si no se toman precauciones.
Rosana Alderete había denunciado muchas veces las amenazas y los golpes de su pareja José Alberto Yapura.
Los funcionarios policiales y judiciales lo tomaron con liviandad; casi como si se tratara de un comentario de sobremesa. El 28 de agosto de 2004, Yapura mató a Rosana y a dos de sus hijos. La tragedia dio pie a un cambio drástico en la legislación, aunque no es seguro que haya modificado los pensamientos básicos de todos los funcionarios.
De todos modos, está claro que Salta necesita nuevas leyes y nuevas medidas para proteger a las mujeres, porque lo que hay no alcanza.