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El grave conflicto entre la Asociación de Clínicas del Interior de Salta (AcidSal) y la obra social de los peones rurales Osprera mantiene en vilo a miles de trabajadores que se quedaron hace tres meses sin cobertura médico sanatorial.
Mientras más se profundiza el conflicto, más temas de discusión y acusaciones cruzadas salen a la luz.
Durante la asamblea realizada ayer en la ciudad de Joaquín V. González, los directivos de la Asociación de Clínicas del Interior consideraron que el uso del hospital público para realizar prácticas privadas podría constituir una “infracción a las normas jurídicas”. Eso respondieron José Brizuela, Alberto Velásquez y Mario Yellamo, directivos de la Asociación, a las consultas de la prensa tras una exposición en la que explicaron las causas por las que se cortó la atención a los afiliados a Osprera.
Los medios de prensa locales y de Orán, esgrimiendo supuestas pruebas, informaron que profesionales de la salud están operando en los hospitales públicos a los afiliados a Osprera y que les hacen firmar un “bono”, a través del cual Osprera les paga la operación por fuera del sistema público como una práctica privada.
Sobre eso se dijo que si la denuncia es cierta “constituiría en un grave acto de corrupción, porque se están utilizando insumos y equipos para atención pública, en actividades privadas”.
La directiva de AcidSal, por su parte, coincidió en que se trata de una irregularidad que habría que investigar porque estaríamos ante una “infracción a las normas jurídicas”.
El Tribuno intentó comunicarse con el ministro de Salud Pública de la Provincia, Enrique Heredia, pero no tuvo éxito.
La falta de atención médico sanatorial afecta a unos 60 mil peones y cerca de 80 mil con los trabajadores temporarios, quienes también carecen de servicios bioquímicos desde hace un mes. La preocupación de los afiliados se expresó en una manifestación de reclamo ante la sede de Uatre-Osprera en Salta.
La carencia del servicio de salud a través de la red de clínicas es total en Anta y San Martín, y afecta fuertemente a los departamentos General Güemes, Metán y Orán. Los pacientes son derivados a hospitales públicos o trasladados a localidades alejadas de su lugar de residencia. Ello ha originado varias denuncias de afectados que ya se encaminan hacia un reclamo formal en la justicia.
“Pero lo lamentable de todo esto es que la intermediaria de Osprera, Orán Salud, propiedad del senador Pablo González, está permitiendo que se lleven a cabo este tipo de irregularidades”, se indicó.