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Sandra Esther Pizarro Gallardo tenía 10 años cuando perdió a su hermano adolescente y creció con el dolor de no saber lo que ocurrió con él. Eran las 2 de la madrugada del 31 de mayo de 1976 cuando un grupo de hombres vestidos con sobretodo de color azul irrumpió en su vivienda, en la ciudad de General Güemes, y sin dar ninguna explicación a sus padres se llevaron a Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, de 17 años. El día anterior, tres desconocidos habían hecho lo mismo con su amigo Norberto Guerrero, quien cumplía con el servicio militar.
Ambos están desaparecidos y sus casos forman parte de la megacausa de la UNSa, en el marco del juicio que se está desarrollando en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta. “Mis padres, mi hermano y yo, dormíamos en una sola pieza y me desperté con el ingreso de estas personas y dijeron que se llevarían a Rodolfo”, recordó Sandra Pizarro. Dijo que ante el clamor de su madre, los intrusos permitieron que el chico se pusiera una campera. “Esta gente se movilizaba en cuatro autos y cuando se fueron mi madre salió corriendo hasta la calle pidiendo a los gritos auxilio a los vecinos”, relató con dolor la testigo. Ella acompañó a todos lados a su desesperada madre, pero en ningún lugar le dieron respuestas sobre el paradero del adolescente. Cree que lo hicieron desaparecer por el solo hecho de ser amigo de Gallardo, al tiempo que señaló que nunca supo que su hermano haya realizado alguna actividad política.
Los casos de estos jóvenes güemenses se sumaron a los de las hermanas Torres, también secuestradas y desaparecidas entre marzo y abril de 1996. Los imputados son el exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, y el exjefe de la comisaría de Güemes, Julio Oscar Correa.
En relación con esos cuatro sucesos, calificados como delitos de lesa humanidad, declararon dos suboficiales de la Policía de General Güemes. Alejandro Chiriguay quedó a punto de ser procesado por “falso testimonio” a pedido del fiscal Ricardo Toranzos. “El testigo dejó en evidencia que tiene memoria selectiva”, sentenció el acusador público ante las marcadas contracciones del hombre. El presidente del Tribunal Carlos Jiménez Montilla le advirtió que al estar bajo juramento, el testigo estaba obligado de decir la verdad. Fue tan patético lo de Chiriguay que, incluso, acabó con la paciencia del juez suplente. “Trate de hacer memoria, porque no es posible que no recuerde una parte medular de su actuación como policía”, le dijo el camarista Gabriel Casas.
El Tribunal informó que oportunamente resolverá sobre el planteo del fiscal respecto a la situación de este testigo. Raúl Sarzur, otro policía, tampoco convenció a las querellas y a la fiscalía. Manifestó que recordaba el secuestro de Francisca Torres, pero no el de su hermana Berta, pese a que esos hechos ocurrieron en el lapso de un mes. Tampoco se acordó lo declarado en 2010 en la Justicia Federal cuando afirmó que tras el rapto de Francisca “hubo un gran lío en la comisaría de Güemes”. “Tras la muerte de mi madre sufro problemas mentales (sic)”, se cubrió.