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El agente Roberto Augusto Barrionuevo, sindicado como la persona que filmó, entre junio y julio del año pasado, las terribles escenas de torturas protagonizadas por tres policías de civil a dos jóvenes en la comisaría de General Güemes, declarará mañana ante el juez del caso, Pablo Farah, y disparará, de acuerdo a trascendidos, munición gruesa en contra de sus superiores.
El agente era aspirante cuando ocurrieron los hechos y estaba realizando una pasantía en la dependencia donde fueron sometidos Miguel Angel Martínez, quien entonces tenía 17 años, y Mario Luis Rodríguez, ambos oriundos de Gral. Güemes.
Además de él, que fue el último en ser aprehendido, lo fueron el oficial Matías Eduardo Cruz, el sargento Marco Esteban Gordillo, los líderes del grupo, y los subalternos Héctor Raúl Ramírez, Leonardo Esteban Serrano y Alberto Antonio Ontiveros.
De acuerdo a fuentes extraoficiales, Barrionuevo diagramó una estrategia junto al defensor oficial, Jorge Eduardo Bonetto, quien mañana saldrá de licencia y será reemplazado por su colega, Marcela Lucrecia Robles, en la que acusará en forma directa a Cruz y Gordillo de ser los que lo obligaron a realizar la filmación, so pena de ser sometido a las mismas penurias.
Paralelamente, ayer, otro de los acusados, el agente Leonardo Esteban Serrano (30 años, casado, dos hijos de 11 años y 26 días, respectivamente), designó como abogado defensor al penalista Santiago Pedroza a quien le hizo una confesión: “Yo no aparezco en la filmación porque no estuve en el lugar, lo mismo que otro compañero que se hallaba en las oficinas. Yo no supe de esto jamás y no vi ni sentí nada. Me acusan porque era parte del personal de investigadores civiles de la dependencia y en razón de que, supuestamente, yo estaba en la comisaría. Y si es así, ¿por qué no está detenida la jefa, Beatriz Campos, que fue promovida a un cargo jerárquico en la Unidad Regional 1 y los oficiales?”.
Por su lado, el abogado Pedroza dijo que “el ministro Eduardo Sylvester anunció en El Tribuno que la Provincia se presentará como querellante en el caso. Es absurdo, el Estado no es la víctima sino los dos chicos. Por el contrario, la administración es la responsable del hecho”.
