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El agente Roberto Augusto Barrionuevo fue el único de los 6 imputados que se avino a declarar en el marco de la causa por torturas a dos chicos detenidos en la Comisaría de General Güemes, la que provocó un verdadero escándalo a partir de la difusión de las imágenes por internet. Fue conducido al despacho del juez Pablo Farah pasada las 11 de la mañana de ayer y aseguró que no tuvo nada que ver con la filmación de las terribles escenas, y mucho menos con la distribución de su contenido a los medios. “No sé por qué me acusan de algo que no cometí”, expresó, al tiempo que sostuvo que jamás presenció actos de torturas. Sin embargo, la Jefatura de Policía lo sindica como el único responsable de la toma de las escenas. Barrionuevo dejó entrever que no estuvo trabajando al momento de los hechos y, por ese motivo, el magistrado está a la espera del libro de guardia de la comisaría para corroborar lo que infiere la fuerza. Hasta el momento el juez no pudo contar con este elemento debido a que el libro de registro del personal está secuestrado en el Juzgado Federal de Salta a raíz de las denuncias por apremios ilegales que realizaron los hermanos del subcomisario Gabriel Giménez, detenido el año pasado con un cargamento de cocaína.
Las fuentes consultadas señalaron que por el momento no se puede tener ninguna certeza de los sucesos, ya que aún faltan cumplir una serie de diligencias. Trascendió que para mañana está previsto que el magistrado exhiba a cada uno de los imputados el contenido del video para que se puedan defender. A esos efectos el juez solicitó al Cuerpo de Investigadores Fiscales que se mejore la calidad de las imágenes que tuvieron una amplia difusión a nivel nacional e internacional. También para el curso de esta semana se prevé una rueda de reconocimiento de personas con la participación de Miguel Angel Martínez y Mario Luis Rodríguez, los adolescentes que fueron víctimas de las torturas. Ambos ya prestaron declaración testimonial ante el magistrado y brindaron todos los detalles de lo que tuvieron que soportar luego de haber sido acusados de supuesto abuso sexual y supuesto robo.
Citarán a la jefa
El en marco de las diligencias que realiza el juez Farah, en los próximos días convocará a prestar declaración a la comisario Beatriz Campos, quien al momento de los hechos, entre mayo y julio del año pasado, se desempeñaba como jefa de la Comisaría de General Güemes. La mujer, según se supo, fue ascendida a fines de 2011 al grado de comisario inspector y fue trasladada a otro destino. Por el momento, además del agente Roberto Augusto Barrionuevo, los detenidos son el oficial Matías Eduardo Cruz y los suboficiales Marcos Gabriel Gordillo, Héctor Raúl Ramírez, Alberto Antonio Ontiveros y otro de apellido Serrano.
Sylvester informará a Diputados sobre la nueva ley orgánica
En medio de la polémica desatada por la aparición de una filmación con imágenes de torturas policíacas, el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, asistirá hoy a la Legislatura provincial para informar sobre el proyecto de la nueva ley orgánica de la Policía de la Provincia. Lo que se prevé es incorporar aspectos relacionados con los derechos humanos presentes en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y en los diversos tratados internacionales a los que Argentina adhiere. Por tal motivo el funcionario solicitará un rápido tratamiento al cuerpo legislativo. El proyecto también contempla la función especial para el personal policial en la lucha específica contra el narcotráfico y la trata de personas. Además, se creará la Auditoría General de Asuntos Internos para constatar la efectividad de los controles administrativos, y de la prevención, investigación y sanción de conductas impropias del personal. Esta estructura de contralor estará compuesta por civiles y dependerá de la Secretaría de Seguridad. Se confirmó, además, que el Ejecutivo solicitó ser parte del proceso judicial iniciado a los policías por apremios ilegales calificados.
La presentación realizada, se informó, tiene por objetivo contribuir con la Justicia para esclarecer el hecho. Asimismo, se destaca que el Ejecutivo no tolerará este tipo de acciones. Por ese motivo ayer se presentó un escrito mediante el cual el fiscal de Estado, Ramiro Simón Padrós, y el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, solicitaron al juez Farah su la intervención como parte en el proceso judicial. En el citado instrumento se consignó que el delito por el cual son acusados los policías ofende a la sociedad en general.