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Tragedia de Once: Bonadío elevó la causa a juicio oral

Miércoles, 16 de enero de 2013 23:47
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El juez federal Claudio Bonadío dio ayer por clausurada la etapa de investigación de la tragedia de Once y abrió el proceso que desembocará en el corto plazo en el juicio oral y público por “estrago culposo seguido de muerte” de 51 personas y “defraudación en perjuicio de la administración pública”.

Tal como se lo indicó la sala de feria de la Cámara Federal la semana pasada, al urgirle que acelerara los tiempos hacia la etapa oral, Bonadío resolvió ayer que la etapa de instrucción está terminada, y dispuso pedirle al fiscal Federico Delgado y a las cuatro cabezas de querella que formulen la acusación.

Ahora se abre una etapa procesal compleja aunque relativamente corta, en la que fiscalía y querellas dispondrán de plazos sucesivos de seis días hábiles para precisar las acusaciones contra cada uno de los imputados.

El turno de las defensas

Luego de ello será el turno de las defensas, que podrán oponerse o consentir la elevación de la causa a la instancia oral, e incluso podrían intentar una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal, aunque con escasas probabilidades de éxito.

La semana pasada, los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah quitaron la figura de la “asociación ilícita” y precisaron que lo ocurrido el 22 de febrero del año pasado fue un “estrago culposo” en el que se concatenaron responsabilidades de los empresarios, el conductor de la formación y los funcionarios públicos para causar la muerte de 51 personas y heridas a otras 800.

El fallo recomendó la rápida elevación de la causa a la etapa oral y pública, y ese es el camino que ayer comenzó a recorrer el juez Bonadío.

Imputados

Los imputados, entre quienes figuran los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; el motorman Marcos Antonio Córdoba y los hermanos Cirigliano, como responsables de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), corren riesgo de ser condenados a penas de más de diez años de cárcel. Cabe recordar que en diciembre pasado Bonadío habilitó la feria judicial de enero para poder cerrar la instrucción. A partir de la decisión firmada por el citado juez federal las querellas -los familiares de las víctimas- y la fiscalía a cargo de Federico Delgado tienen un plazo de seis días hábiles para formular la acusación de los involucrados en el caso.

 Una decisión “muy satisfactoria”

Paolo Menghini, padre de una de las víctimas de la tragedia de Once, consideró hoy como muy satisfactoria la decisión del juez federal Claudio Bonadío de dar por cerrada la investigación por ese hecho en el que murieron 51personas.
“Es una excelente noticia para nosotros que la causa se eleve a juicio oral para que los procesados muy rápidamente sean condenados”, enfatizó Menghini.
Para el padre de Lucas Menghini Rey “están dadas las pruebas para que se agraven los procesamientos” para los imputados, entre los que están los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime,
En declaraciones televisivas, señaló que recibió la noticia del avance judicial -que es el primer paso para la elevación a juicio oral- con enorme satisfacción, y destacó que “desde el primer momento el juez Bonadío se había comprometido a acelerar la causa en todo lo que estuviese a su alcance”. Agregó que la decisión de Bonadío fue en parte inesperada y resaltó que fue satisfactoria para los familiares de las víctimas.

Schiavi, de acuerdo con el juicio

La defensa del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi avaló la decisión del juez federal Claudio Bonadío de dar por cerrada la investigación de la tragedia ferroviaria de Once y comenzar el camino para el juicio oral y público de los procesados. De esta forma el exfuncionario gana tiempo para preparar una estrategia mejor en su defensa. “Considero que el juicio oral y público es el ámbito natural para que se esclarezca definitivamente el hecho y quienes son sus verdaderos responsables”, dijo Claudio Lamela, abogado de Schiavi.
El exfuncionario está procesado por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, que tienen una pena máxima de 11 años de prisión.

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