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Separar las elecciones locales de las nacionales es, sin duda, una buena decisión en tanto permite a ciudadanos y candidatos centrarse en asuntos necesariamente distintos. En este sentido, el reciente desdoblamiento electoral permitió situar en un primer plano los problemas provinciales y municipales, a la par que redujo el pernicioso efecto arrastre de las listas sábanas.
Muchas pésimas gestiones municipales y muchos candidatos de méritos escasos o nulos, quedaron al descubierto sin la protección que solían encontrar “escondiéndose” detrás de las primeras figuras nacionales.
Centrándome en los resultados de las recientes elecciones municipales, diré que los pueblos y ciudades de Salta cuentan ahora con 320 concejales elegidos para modificar rumbos, para procurar soluciones a viejas carencias, y para abordar los problemas que integran las nuevas agendas municipales: Urbanismo integrador, familia, producción y productividad, convivencia, voluntariado.
Viejos desafíos y nueva agenda
Aquellos representantes locales afrontan el desafío de mirar los asuntos vecinales, sin perder de vista el contexto global, nacional y provincial que, de varias maneras, condiciona el desarrollo de las comunidades locales y la vida de quienes las habitan.
Es sencillamente absurdo pretender actuar sobre la pobreza, la desocupación, la violencia o la falta de viviendas que azotan a cualquier localidad salteña, sin tener en cuenta las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y las oportunidades que brinda la nueva economía mundial a las zonas productoras de alimentos.
Pero es igualmente imposible desempeñar bien el cargo de Concejal desconociendo las políticas centralistas que frenan el desarrollo de nuestros pueblos y limitan el aprovechamiento de aquellas oportunidades globales.
Por lo tanto, los nuevos representantes municipales están obligados a permanecer atentos a la evolución del mundo y a convertirse en defensores del federalismo y de la autonomía municipal. Ha pasado el tiempo de los Gobernadores subordinados al Poder Ejecutivo Nacional y de los Intendentes sumisos al Jefe que reside en Las Costas.
Los concejales salteños tendrán también que hacerse cargo de las notorias demandas de transparencia, de participación ciudadana y de control de los Intendentes. La idea de que “la misma sangre” sea criterio de selección de altos cargos y de admisión al empleo público, rechazada en el ámbito provincial, debe igualmente ser desterrada en los municipios.
Es inaceptable que, a estas alturas, existan Intendentes que niegan a los vecinos el acceso a expedientes, a los Presupuestos y a su ejecución. O Concejos Deliberantes que dificulten el conocimiento de las Ordenanzas Municipales, aprovechándose de la anomalía de su no publicación en el Boletín Oficial.
Urbanismo que excluye
Pero, a mi modo de ver, el principal desafío que tienen los Concejales recién electos radica en el desordenado crecimiento de pueblos y ciudades. Mientras que en la mayoría de nuestros núcleos urbanos aumenta la población, se verifica simultáneamente un incremento de los asentamientos, verdaderas favelas en donde miles de personas viven en condiciones infrahumanas.
El caso de la ciudad de Salta es emblemático. Aquí, la política municipal definió un “urbanismo clasista” que, de un lado, promovió la edificación de altura de unidades cuyo precio supera al que se paga en los barrios más caros de Buenos Aires y, de otro, alentó asentamientos sin servicios esenciales. El perfil contemporáneo de la ciudad de Salta muestra los estrechos vínculos que existen entre la exclusión y las violencias con aquel “urbanismo clasista”. Son las villas miserias sin agua, sin cloacas (o levantadas a la vera de cauces malolientes de cloacas a cielo abierto) y con infraviviendas, el perverso hábitat que promueve la drogadicción, que destruye familias, que impone la promiscuidad y que explica en buena medida el agobiante fenómeno de las madres-niñas. La actual gestión impulsó esta fragmentación urbana por su irrefrenable propensión a vincular negocios y política, y por su fracasada convicción de que en esos asentamientos se situaba también su principal clientela electoral.
El mal ejemplo de la ciudad de Salta debiera servirnos de aliciente para abrir un triple debate que nos ayude a definir una estrategia territorial y demográfica de ámbito provincial, a sentar las bases de un nuevo urbanismo integrador, y a recrear el “espacio público” (Innenarity, 2006). Dentro del primer aspecto, necesitamos planificar el desarrollo territorial en sintonía con las nuevas oportunidades productivas (agricultura, ganadería, agroindustria, minería, turismo). Una operación que, seguramente, habrá de llevarnos a reconocer los “límites del crecimiento” (Meadows, 2012) de determinados núcleos urbanos, a fundar nuevas ciudades en el Este, a re-direccionar los incentivos públicos y a compatibilizar urbanización y ambiente. A su vez, el urbanismo para la cohesión social deberá construirse sobre el derecho fundamental a la vivienda digna e incluir una política de suelo edificable que penalice la especulación y que garantice el retorno a los barrios mixtos, en donde convivían pacíficamente gentes de todas las condiciones.