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Una nueva demora surgió ayer en la denominada megacausa por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Universidad Nacional de Salta. El juicio oral y público por las 18 causas, con 34 víctimas y 18 imputados, se suspendió por problemas técnicos en el audio.
Sucede que el debate es seguido por teleconferencia desde la ciudad de Rosario, de Santa Fe, por el imputado Víctor Modesto Mendíaz, en tanto que desde Buenos Aires hacen lo propio Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Gentil y Carlos Mulhall. El resto de los imputados sigue las audiencias, que se realizan solo los lunes y martes, en doble jornada, desde la propia sala del Poder Judicial.
El juicio, que recién atraviesa la etapa de testimoniales, pasó su audiencia para el 4 y 5 de marzo.
El proceso, que comenzó el 21 de mayo de 2012, tenía previsto en un principio extenderse hasta mayo del presente año, por la gran cantidad de testigos citados a brindar testimonio.
“Hasta el momento solamente vamos transcurriendo la etapa de las testimoniales. Todavía faltan testigos, pero además siempre encuentran artilugios para dilatar los tiempos”, señaló Susana Aramayo, una de las querellantes.
Los quieren en Salta
La querellante de la UNSa, Tania Kiriaco, fue más cautelosas al momento de hablar de “artilugios”.
Solicitó al Tribunal, con el acuerdo del fiscal, traer a los imputados a Salta para que estén presentes en el juicios.
Kiriaco dijo que los acusados deben poder escuchar los testimonios porque constituyen la garantías constitucionales para su derecho a defensa. “Aún falta que declaren 100 testigos y tenemos el apuro lógico para saber cómo finaliza la situación de los imputados. No queremos que gocen de la impunidad biológica pues estamos analizando hechos que sucedieron hace 36 años y muchos de los testigos, acusados y familiares de víctimas son muy ancianos”, dijo Kiriaco. Desde el Tribunal dijeron que analizarán el pedido de la querellante.
Una carrera contra la
impunidad biológica
Las causas analizadas en este juicio ascienden a 18, con 20 imputados, dos de los cuales fallecieron en agosto y diciembre, y 34 víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.
El Tribunal Oral Federal de Salta, que lleva adelante este proceso, está presidido por Mario Marcelo Juárez Almaraz e integrado por Marta Snopek y Carlos Jiménez Montilla, con la actuación de Gabriel Casas como cuarto juez.
Murúa falleció en agosto pasado, luego de acreditar días antes que se encontraba internado, con problemas de salud, mientras que Vujovich Villa murió en Tucumán, a principio de diciembre del años pasado, en momentos en que se encontraba internado en un centro de cardiología de la vecina provincia.
La causa principal fue caratulada “Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda”.