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El acuerdo con Irán para la indagatoria de cinco acusados por el atentado a la AMIA genera incertidumbre en el propio Gobierno sobre el resultado del proceso y encierra una trama de internas, pero en simultáneo implica la profundización del rumbo de la política exterior argentina.
En primer lugar, la decisión de Cristina Kirchner fue tomada en medio de dudas crecientes sobre la investigación del fiscal especial Alberto Nisman, quien avanzó sobre la “pista iraní” del atentado y postergó la “pista siria”. El 25 de octubre de 2006, los fiscales Nisman y Marcelo Martínez Burgos acusaron el Gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo. Según la investigación de la fiscalía, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno de Carlos Menem de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.
La pista siria apuntaba a ciudadanos de ese país que aparecen profusamente en el expediente por el atentado y que el expresidente Menem habría intentado encubrir. Hace más de diez años, cuando como senadora encabezaba la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, la Presidenta consideró que Irán no era culpable de esos hechos y creía en la pista Siria.
Ahora, el Gobierno mira con recelo a Nisman. Cree que el fiscal tiene relación directa con la embajada estadounidense. Pero él se mantuvo en silencio. Una vez que el memorándum de entendimiento firmado por los cancilleres Timerman y Ali Akbar Salehi sea aprobado por el Congreso debería viajar junto al juez Rodolfo Canicoba Corral para indagar a los acusados. En la Cancillería, algunos dudan sobre si querrá ir a Teherán.
Relaciones internacionales
No puede dejarse de lado el contexto internacional en el que se celebró este acuerdo. La Argentina busca ampliar su comercio internacional y sus redes políticas luego de los conflictos con los países desarrollados y los centros financieros: falta de acuerdo con el Club de París, planteos de Estados Unidos, Europa y Japón ante la OMC por restricciones al comercio, distanciamiento con España por Repsol y moción de censura del FMI por las estadísticas del Indec forman parte de ese combo.
En ese marco, el acercamiento a la república islámica se ajusta con la búsqueda de nuevos socios comerciales en países como Angola o Azerbaiyán, pero que a su vez acumulan cuestionamientos internacionales por la calidad de sus instituciones. Irán también ve en Latinoamérica un puente para quebrar el aislamiento político y comercial al que es sometido por su plan nuclear, que vuelve más peligrosa su hostilidad hacia Israel. Además, busca que los precios de sus alimentos se mantengan bajos en medio de una creciente devaluación de su moneda.
El gobierno kirchnerista restringió las importaciones de crudo de Teherán -pese a que podrían serles de utilidad- para cumplir con las sanciones aplicadas por las Naciones Unidas, pero en los últimos años multiplicó los volúmenes de venta de productos agropecuarios a esa nación.
El propio canciller Timerman desconoce si la indagatoria de cinco acusados -eran seis, uno murió- entre los que se encuentra el propio ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, arrojará luz sobre los reales responsables del atentado que causó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos en 1994. De todos modos, según admitió en público y en privado, es un camino que permite avanzar sobre una causa que está trabada en la negativa iraní a extraditar a los acusados.
Timerman estuvo durante una hora y media explicándoles a los dirigentes de la AMIA, la DAIA y a miembros de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado, los alcances del acuerdo. Allí se coincidió en que uno de los dos juristas internacionales que propondrá la Argentina para la comisión de la verdad que supervisará el proceso es el exjuez español Baltasar Garzón. Los familiares también propusieron a Mario Grossman, jurista chileno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y veedor en el juicio por la AMIA. Mientras tanto, las víctimas de la AMIA siguen esperando que se haga justicia.