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Las inspecciones oculares dispuestas por el Tribunal Oral Federal de Salta pueden resultar un buen complemento para los camaristas al momento de analizar la situación de los 17 acusados por delitos de lesa humanidad en el juicio por la megacausa de la UNSa. Esto surge del resultado que tuvieron las visitas realizadas, entre el lunes y martes, a la delegación Salta de la Policía Federal, al penal de Villa Las Rosas, a la Jefatura de la Policía de la Provincia y al Regimiento de Caballería. En esos establecimientos los testigos convocados efectuaron una suerte de reconstrucción de sus pasos como detenidos políticos, algunos, y como presos ilegales, otros, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La inspección en el predio del Ejército permitió a los jueces, la fiscalía, las querellas y las defensas conocer con más detalles el caso del estudiante de abogacía Víctor Brizzi que desapareció un mes después de su incorporación como soldado conscripto, en marzo de 1976. El abogado Rodolfo Villalba Ovejero que compartió con el joven la instrucción describió con detalles todo el movimiento de las tropas hasta llegar al campo donde vio por última vez a Brizzi. “Lo vinieron a buscar de la guardia y nunca más supe de él”, dijo mientras señalaba en qué dirección partió custodiado por dos efectivos. Cristina Cobos también aportó datos relevantes a partir de la desesperada búsqueda de su esposo en el Regimiento. Dijo que todas las veces que fue a preguntar por él la recibía el teniente Isidro de la Vega, uno de los imputados en la causa. El dato nuevo que agregó es que la hacían pasar a una oficina, donde un grupo de oficiales la sometían a interrogatorios, entre los que citó a otros imputados. Se trata de Joaquín Cornejo Aleman, Marcelo Gatto y Fernando Chaín.
En la cárcel de Villa Las Rosas, Nora Leonard y Pía Viltes ubicaron las celdas donde estuvieron recluidas y relataron los dramáticos momentos vividos la noche del 6 de julio de 1976. Ese día 12 presos políticos fueron sacados del penal y los masacraron en el paraje Palomitas. La testigo era hermana de Celia Leonard, quien fue ejecutada junto a su esposo Benjamín Avila. En la Jefatura de Policía, Aldo Víctor Bellandi (exchofer del gobernador Miguel Ragone) y Fernando Luis Mamaní confirmaron que ese lugar era utilizado para torturar a las personas que detenían de manera ilegal. Ambos ubicaron el sitio donde estaban los calabozos y coincidieron en que fueron víctimas de todo tipo de vejámenes. También resultó sustancial el aporte realizado por el testigo Carlos Arturo Holmquist, quien aseguró haber visto en las instalaciones de la Federal al gremialista Eduardo Fronda, cuyo cadáver apareció acribillado en el camino a Lesser, en enero de 1975.
Ahora en el cementerio de la Santa Cruz
La próxima inspección ocular se realizará en el cementerio de la Santa Cruz de esta ciudad, donde se determinó la existencia de tumbas NN. En el 2007 el entonces juez federal Abel Cornejo ordenó la apertura de 16 nichos anónimos ante las sospechas de que contendrían restos de víctimas del terrorismo de Estado. El Tribunal Oral Federal convocó a Nicolás Guaymás, un testigo protegido por la Justicia, para que aporte datos relacionados con la inhumación de personas no identificadas durante la última dictadura. Entre las víctimas se contaría a la profesora de la UNSa Gemma Fernández Arcieri y de su esposo Héctor Gamboa, secuestrados en septiembre de 1976. Al año siguiente se descubrió una fosa común donde había varios cadáveres destrozados. En el juicio que se está desarrollando, Manuel Costello, el odontólogo de la familia, dijo que uno de los maxilares hallados pertenecía a la docente.