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Según se informó hoy, el Gobierno de la Provincia presentará en los próximos días un pedido de remoción del juez José María Alvarado Solá tras haber ordenado de manera irregular el desalojo de Karina Roselos y su familia en el barrio 17 de Octubre la pasada semana.
“La actuación del juez Alvarado Solá significó un evidente apartamiento de la ley y una invasión indebida en el ámbito de competencias propias del Poder Legislativo”, expresó la ministra de Justicia, María Inés Diez.
El inmueble en el que vivía Roselos con ocho hijos y dos nietos había sido expropiada por la Legislatura salteña en 2004, por ley 7296. La norma aspiraba a promover el acceso de los sectores de menores ingresos a una vivienda digna, situación en la que se encontraba dicho grupo familiar.
Diez adelantó la acción que encarará la Provincia ya que, a pesar de que la ley disponía la expropiación y del juicio iniciado por el Estado, el juez Alvarado Solá dispuso el desalojo. No sólo eso: con esa decisión el magistrado despojó a la Provincia del bien y negó además la defensa oficial de los intereses públicos comprometidos a través de la Fiscalía de Estado.
Ante los hechos, la familia desalojada reunió los materiales de construcción que pudieron rescatar durante el procedimiento y se instalaron en una cancha, cerca del terreno perdido.