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El individuo registraba antecedentes penales en su país de origen por homicidio y portación ilegítima de arma de fuego, y había sido previamente deportado de los Estados Unidos tras ingresar de manera ilegal desde México.
El procedimiento fue llevado adelante por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en cumplimiento de la Ley Nacional de Migraciones N.º 25.871 y de las actuaciones judiciales correspondientes.
La investigación se inició el 20 de diciembre de 2025, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina demoraron al sospechoso en la localidad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, tras constatar que había ingresado al país sin documentación. Durante la identificación, el propio individuo manifestó haber abandonado la República Bolivariana de Venezuela en 2017. El detenido, de 35 años, había declarado que salió de Venezuela en 2017 y que circuló de manera irregular por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia antes de llegar a Argentina. El hombre dijo que ingresó al país por un paso clandestino en Salta.
A partir de ese momento, personal especializado de la Policía Federal Argentina realizó consultas internacionales a través de INTERPOL Caracas, desde donde se confirmó que el detenido registraba dos causas penales: una por portación ilegítima de arma de fuego (2012) y otra por homicidio (2013).
Las tareas de inteligencia permitieron además establecer vínculos del imputado con la estructura criminal “Tren de Aragua”, organización surgida en el sistema penitenciario venezolano y con expansión operativa en distintos países de América Latina, dedicada a delitos como narcotráfico, trata de personas, extorsiones y homicidios.
Asimismo, el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos informó que el sujeto había sido expulsado de ese país por ingreso ilegal y que también registraba antecedentes en Canadá por lesiones con arma blanca.
Intervino el Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, a cargo del juez Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, que dispuso su prisión preventiva por 45 días en el marco de la causa por ingreso ilegal al territorio nacional. Posteriormente fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal N.º 2 de Marcos Paz, donde permaneció alojado mientras avanzaban las actuaciones administrativas y judiciales.
En paralelo, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en la Argentina y solicitó la medida de expulsión.
Finalizados los trámites de rigor y los intercambios formales entre autoridades de Argentina y Venezuela, se efectivizó la deportación. Personal de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA asumió la custodia del detenido y lo trasladó al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, desde donde partió en un vuelo con escala en Bogotá y destino final Caracas.
El expulsado quedó a disposición de la Justicia venezolana para la continuidad del proceso penal correspondiente.