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Cambios trascendentales. El papa Francisco reformó ayer las leyes que rigen Ciudad del Vaticano, al tipificar como delito la filtración de información de esa ciudad Estado y enumerando específicamente la violencia sexual, la prostitución y la posesión de pornografía infantil como delitos contra los niños que pueden ser castigados con hasta 12 años de prisión. La legislación aprobada abarca tanto a clérigos como a laicos que viven y trabajan en Ciudad del Vaticano y es diferente de la ley canónica, que abarca a la Iglesia católica universal.
Muchas de las nuevas disposiciones eran necesarias para actualizar el sistema legal del Vaticano, después de que la Santa Sede firmara tratados internacionales como la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Entre las medidas figura la abolición de la prisión perpetua y su reemplazo por penas de 35 años.
Se imponía un cambio
Otras disposiciones eran necesarias a fin de cumplir con normas internacionales para combatir el lavado de dinero, que son parte de los intentos del Vaticano para mostrar transparencia financiera.
Sin embargo, destaca un nuevo delito como respuesta obvia a las filtraciones de documentos papales del año pasado, que representó una de las violaciones más graves a la seguridad del Vaticano en los últimos tiempos.
Un tribunal del Vaticano juzgó y condenó a Paolo Gabriele, el mayordomo del entonces papa Benedicto XVI, por haber robado documentos personales del Pontífice y entregarlos a un periodista italiano, Gianluigi Nuzzi. Con esos documentos, Nuzzi publicó un libro que fue éxito de ventas y que mostró las peleas internas, la disfunción burocrática y los señalamientos de corrupción y homosexualismo que afligen a los más altos niveles de gobierno de la Iglesia. Gabriele, quien dijo que quería exponer la “maldad y la corrupción” que afectan a la Santa Sede, fue declarado culpable de robo agravado y sentenciado a 18 meses de prisión en el Vaticano. Al final, Benedicto XVI lo perdonó y ahora está en libertad.
Las revelaciones, no obstante, devastaron al Vaticano, al romper la confidencialidad que normalmente rige la correspondencia con el Papa.
Penas de dos a ocho años
En un indicio de cuán importante considera la Santa Sede dicha confidencialidad, las nuevas sanciones por violaciones de las nuevas leyes son fuertes: cualquier persona que revele o reciba información o documentación confidencial se arriesga a ser condenado de seis meses a dos años de prisión y una multa de 2.000 euros. La pena sube a ocho años de prisión si el material se refiere a “intereses fundamentales” de la Santa Sede o de sus relaciones diplomáticas con otros países.
El juez Giuseppe Dalla Torre, presidente del tribunal del Vaticano que encabezó el juicio a Gabriele, reconoció ayer que el caso Gabriele podría ser visto como una influencia clave sobre la nueva penalización, aunque dijo que el delito fue “irrelevante” para la reforma general.
Sin embargo, el sistema jurídico del Vaticano nunca había contemplado como delito la filtración de información de la ciudad Estado.
Aunque los delitos sexuales existían, el código arcaico los mencionaba de forma general como violaciones contra “las buenas costumbres”.
La nueva ley da una definición más amplia de los delitos contra los niños, incluida la venta de niños, la prostitución infantil, el reclutamiento de niños, la violencia sexual, actos sexuales con niños y producción o posesión de pornografía infantil.
En el código anterior, este tipo de delitos en general habrían conllevado una pena de tres a 10 años de prisión, afirmó el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi.