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Son las 12 y el sol pega fuerte sobre las delgadas puertas de metal que cubren los módulos habitacionales que se erigieron en el barrio Justicia, zona sudeste de la ciudad, a pocas cuadras del vertedero San Javier, un área de alto impacto ambiental.
Aunque no parezca cierto, allí, en la zona sudeste, el Gobierno de la Provincia terminó de construir el pasado año un total de 270 módulos habitacionales de 15 metros cuadrados cada uno, para familias numerosas. Por un monto de $9.153.492 y con un plazo de ejecución de 270 días (según consta en la resolución 379/11 publicada en el Boletín Oficial), estos módulos están emplazados en terrenos delimitados de 10 por 20 metros.
No son los únicos que hay. El Ejecutivo provincial levantó otros 1.141 en la capital y el interior de Salta, desde el 2011 hasta hoy, con el fin de darle respuesta al déficit habitacional.
Un baño de medidas extremadamente reducidas con una ducha e inodoro y una habitación donde solo entra una cama. De eso se tratan. No tienen cocina, tampoco gas, y menos aún espacio para colocar una silla, un placard o una pequeña mesa; mucho menos tiene posibilidades de entrar una familia. Claro que la rapidez con que se construyeron y la imperativa necesidad de comunicar que sí se toman medidas contra la creciente demanda por el alto déficit habitacional, es que se apuran las entregas y las consecuencias están a la vista.
Muchos módulos tienen las paredes rajadas, se entregaron sin revestimiento interior, es decir que se pueden observar los bloques de cemento desde adentro, los baños no tienen azulejos ni los pisos baldosas. A contramano de tomar medidas que eviten el hacinamiento, los módulos lo fomentan.
Lo que sorprende es que las familias que recibieron esas estructuras son numerosas. Una de las beneficiarias tiene 8 hijos, la mayoría pequeños. Con ella, son en total 9 las personas que duermen en dos camas de una plaza, que se alimentan y hacen las tareas de la escuela en 15 metros cuadrados. La mujer que vive enfrente habita con otras tres personas en su modulito. Su hija tiene hidrocefalia, motivo por el que ampliar su casa es uno de sus principales objetivos desde que recibió el módulo, hace poco. Y ya lo está haciendo.
Cada uno de estos módulos tiene un costo aproximado de $36.177,8, según informó la Secretaría de Obras Públicas a este medio. Una superficie exacta de 15,8 metros cuadrados.
Los 1.141 que se construyeron están distribuidos entre Rosario de la Frontera, Cafayate y Salta.
En Cafayate se hicieron poco más de 570 en terrenos de 10 metros por 20. Habitados hoy también por familias numerosas, no lograron solucionar el problema, ya que allí denuncian el estado en el que se encuentran los módulos. En tanto que en Rosario de la Frontera se demoraron cerca de un año para realizar 92, por un valor de $2.569.468.
En ese municipio, donde el Gobierno solo construyó 191 casas en cinco años, la demanda ya supera las 2.000 familias inscriptas.
Injusticia
Viviana le pide a El Tribuno que ingrese a su casa. Allí ella, su hijo y su madre duermen en una sola cama, apretados. Deja de hacer sus tareas y se dedica unos momentos a contar la experiencia de recibir una casa social de escasísimas dimensiones.
“No me parece justo. Hay casas y casas, pero lo que nos dieron lo sentí como una humillación por el tamaño”, dijo. En tanto que Laura sostuvo con cierta impotencia: “Mis hijos tienen que hacer las tareas en la cama y comer acostados o parados. Es imposible vivir así”. Y repitió algo que muchos otros lo hicieron: “Antes que nada, prefiero esto”. Ella es una de las víctimas de las inundaciones en el asentamiento Gauchito Gil, y terminó allí, recibiendo esa ayuda, como tantos otros de sus vecinos.
En la zona sudeste, la esperanza no se hizo realidad, al menos todavía. Así lo denuncian los vecinos con testimonios conmovedores sobre el estilo de vida que llevan. Aún no han abonado ninguna cuota social por los módulos que Tierra y Hábitat les entregó. Tampoco saben cuánto tendrán que pagar mensualmente.
Ampliaciones, inevitables
La Secretaría de Obras Públicas, cuando se le consultó por la finalidad de los módulos, manifestó que “representan los pilares para la construcción de una vivienda por parte de los beneficiarios”. Es decir que se consideran como la base para que los beneficiarios construyan su propia vivienda. Algo injusto si se considera que quienes recibieron alguna vez una vivienda social, éstas no les fueron entregadas en módulos, ni en tamaños tan reducidos. Una casa modelo del Instituto Provincial de la Vivienda cuenta con dos habitaciones, una cocina y un comedor.
Alrededor de los módulos que hay en la capital se observan construcciones precarias y bloques de cemento y ladrillos anexados. Ante la imposibilidad de vivir hacinados, por cuestiones no solo de comodidad sino también de higiene, la mayoría opta por agrandar el módulo y construye una cocina, otra habitación y un lavadero. Cuando se les consultó si es que solicitaron permiso al municipio para realizar ampliaciones, explicaron que no recibieron tales indicaciones.
“Nunca estuvimos de acuerdo”
Desde la Municipalidad, un importante funcionario, que pidió reserva de su identidad, sostuvo: “Nunca estuvimos de acuerdo con esos módulos. Son cubos emplazados cerca de un basural cuando eso está prohibido. El municipio le expresó a Obras Públicas que no eran correctos tanto la ubicación como el modelo de casa, porque no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad”. Expresó que la Municipalidad es quien tiene la potestad de decidir sobre el uso del suelo dentro del ejido municipal, pero fueron ignorados por funcionarios provinciales, que a través de una ordenanza lograron que habilitaran esos terrenos. El artículo 133 del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental (PIDUA) establece como Areas Especiales de Interés Urbanístico no Aptos, aquellas zonas que “por sus características de ubicación, topografía, contaminación ambiental u otras, se consideran a priori como no apropiadas”. A menos que se realice un estudie para demostrar lo contrario. Prohíbe la instalación de viviendas en suelos contaminados o áreas cercanas a éstos o áreas cercanas a vertederos.
La falta de viviendas y los números inciertos
La falta de viviendas es una de las principales demandas que miles de familias salteñas le realizan al Gobierno de la Provincia.
En realidad, no solo es una demanda, sino una crítica permanente ya que se trata de una necesidad que perdura en el tiempo.
En el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la cantidad de familias inscriptas que esperan una casa supera las 24.120.
Si se toma consideración de la demanda del interior, y los pedidos de terrenos en Tierra y Hábitat, la necesidades son casi inalcanzables.
A esto se suma un factor que pocas veces se tiene presente; es el que se refiere a la cantidad de hogares que se encuentran en condiciones de irrecuperabilidad. Tal es la situación de éstos, que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos de la Nación los define en su documento de Evolución de la Situación Habitacional 2001-2010, como “tan precarias que es necesario que sean reemplazados por una nueva vivienda”. El número de ese tipo de casas, según el último censo 2010, abarca a 42.038, por lo que la necesidad real en término de cantidad de viviendas supera las 70.000 unidades.
Respecto a las casas sociales que se iniciaron en los últimos años, las auditorías del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) reflejan los siguientes datos: para el trienio 2005-2007, el informe de la auditoría (2001-2010) de ese organismo refleja que un total de 7.731 viviendas fueron iniciadas. En tanto que para los años 2008-2010, la cantidad de viviendas comenzadas llega a 4.354.
¿Una confusión?
La polémica sobre la cantidad de viviendas que se construyen fue una obsesión para algunos funcionarios, al punto que en lugar de incrementar los esfuerzos para conseguir más fondos de los programas federales e incrementar la cantidad de viviendas realizadas por año, resultó más sencillo asociar el concepto “soluciones habitacionales” al de vivienda, de modo que la sumatoria de ambos diera un número más grande y llamativo.
Déficit por departamento
El departamento General San Martín es el que encabeza el mayor déficit de viviendas, según indica el último censo. Los datos arrojan un faltante de 10.834 viviendas; le sigue a capital, con 28.054. Orán es el tercer departamento con más altas necesidades habitacionales, 10.531 casas son necesarias para alcanzar el equilibrio.
Rivadavia tiene un faltante de 4.095 casas, mientras que Anta registra que son necesarias 3.770 viviendas nuevas. Para Metán, 2.167 viviendas contribuirían a paliar la deficiencia, y casi 1.300 en Chicoana.