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Si la ley de medios es constitucional o no es una decisión que ahora tomará la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya no hay más trámites que hacer y la definición quedó en manos de los siete miembros del máximo tribunal argentino, aunque ellos no tienen plazo para expedirse.
Ayer finalizaron los dos días de audiencia que habían convocado los magistrados para escuchar las posiciones del Gobierno nacional y del Grupo Clarín -las dos partes más enfrentadas-, además de peritos y varias ONG.
La ley de medios, que generará un cambio sustancial en el mapa mediático de la Argentina, fue aprobada por el Congreso de la Nación hace cuatro años, pero nunca fue puesta en práctica porque en distintas instancias se dictaron medidas cautelares que impidieron su aplicación.
Uno de los puntos centrales de la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín es el artículo que establece límites a la tenencia de licencias de radio y televisión. Esto es resistido por Clarín ya que implicaría que debería vender varios de los medios que actualmente integran el grupo.
Ayer, el último día de audiencia, los jueces de la Corte Suprema escucharon durante una jornada en la que los representantes de ambas partes debieron contestar una gran cantidad de preguntas sobre la libertad de prensa, la sustentabilidad económica con la nueva norma, el presunto monopolio de Clarín y los motivos de por qué se otorgan o se retiran licencias a los grupos económicos.
Incluso el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, logró inquietar tanto a los representantes del Afsca como a los de Clarín al pedirles aclaraciones o que fueran precisos al responder una pregunta.
Con diez minutos para hablar, el primero en hacerlo fue el abogado de Clarín, Damián Cassino, quien criticó que “aplicando restricciones” a la empresa que representa “no se genera competencia”.
“No hace falta quitarle la licencia a Clarín para escuchar otras voces”, dijo el abogado quien advirtió que se quiere “silenciar una voz crítica” del Gobierno.
Luego la abogada María Angélica Gelli, del equipo jurídico que representó al multimedio, expuso cierta contradicción en el Gobierno en haber decretado la prórroga de licencias y hasta ser refrendado en el Congreso de la Nación, y en simultáneo haber aprobado la ley de medios.
Más política fue la respuesta de Sabbatella, quien criticó el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que declaró parcialmente inconstitucional la ley, y aseguró que ese tribunal “salvó cinco y medio de los seis incumplimientos” en que incurre Clarín a la norma, y consideró que por ello es un “traje hecho a medida de los intereses” de la empresa.
Sabbatella resaltó que Clarín creció económicamente construyendo su poder durante la dictadura, en los años 90 “cuando el país se hundía”, y luego “extorsionando a los cableoperadores a través del fútbol cuando lo tenía”.
El titular del Afsca negó que la ley esté hecha exclusivamente para el Grupo Clarín, y rechazó que la norma afecte su sustentabilidad. Explicó que si bien el grupo “tiene que achicarse, no significa que no sea viable, es un monopolio”.
Las opiniones
La Argentina tiene un problema de concentración mediática. Necesitamos solucionarlo. Por la democracia que queremos para Argentina: nunca menos democracia y nunca más concentración de medios. Clarín quiere tener una empresa para definir el rumbo del país, para poner y sacar presidentes”. Martín Sabbatella, titular del Afsca
“En Capital Federal hay 550 radios, el Grupo Clarín tiene una AM y una FM; hay seis canales de televisión abierta y 20 canales digitales abiertos y Clarín tiene uno; en TV por cable ofrece un servicio en competencia con DirecTV u otra empresa; internet compite con una compañía; hay siete señales de noticias y el Grupo Clarín tiene solo una”. Damián Cassino, abogado de Clarín.
“Clarín logró concentrar más licencias que las permitidas. No se desea reducir las licencias de Clarín, se desea desconcentrar el mercado argentino. La magnitud del grupo genera barreras al ingreso de competidores, marca precios y condiciones. (Incluso) compró competidores no para explotarlos, sino para cerrarlos”. Graciana Peñafort Colombi, abogada