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Como Defensora Oficial de esta Provincia de Salta y master en derechos fundamentales, a la hora de reflexionar sobre la exposición del Dr. Céltico Rodríguez deseo hacerlo desde la preocupación por los efectos sociales del desarrollo del territorio salteño en una potencia agroexportadora.
En la región chaqueña habitan más de 300 mil personas según el último censo, un cuarto de las cuales viven en más de 100 comunidades pertenecientes a por lo menos seis etnias diferentes dispersas en ese territorio, las cuales si bien no poseen título catastral sus derechos de posesión dominial se encuentran amparados por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional que las reconoce como preexistentes al Estado Nacional, las Leyes Nacionales: 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país y 24701 que aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; más la Constitución Provincial que en su artículo 15 establece que la Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta y la Ley Provincial 7070 de protección del Medio Ambiente.
Este marco legal vigente debe ser respetado a la hora de pensar y planificar un proyecto agroexportador. El deseo que el agronegocio pueda generar un estado de pleno empleo en Salta, debe ser analizado.
La siembra de soja en 1.000 hectáreas emplea a 15 trabajadores, desmontando 3 millones y medio de hectáreas de toda Salta, obtendríamos 52.500 puestos de trabajo, los cuales no alcanzarían a cubrir la población económicamente activa de la región chaqueña (viven 300 mil aproximadamente).
Años atrás se instalaron el Ingenio San Martín del Tabacal y varias firmas que se dedicaron a la explotación de la caña de azúcar y citrus respectivamente. A diferencia de la soja, que produce 15 empleos cada mil hectáreas, estas explotaciones generan 350 y 1300 empleos respectivamente y en la misma superficie. Sin embargo, y a pesar en algunos casos de llevar casi 50 años en la zona, no han logrado producir el pleno empleo en la región chaqueña
Pensar una política pública en materia agroganadera que saque de la extrema vulnerabilidad social a las comunidades originarias, campesinas y criollas del chaco salteño debe necesariamente incluirlas en su elaboración si pretendemos un serio desarrollo sustentable que contemple condiciones dignas y saludables de vida para los habitantes de la región.