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Los programas e iniciativas oficiales, y también aquellas que funcionan fuera del sistema gubernamental, para finalizar estudios, destinadas especialmente a alumnos del nivel secundario que adeudan materias, abandonaron o tienen "sobre-edad", proponen por lo general cursar en espacios no formales, como la escuela que ofrece el gobierno nacional, o hacerlo a distancia desde cualquier punto del país como propulsa la Ciudad de Buenos Aires.
Estas iniciativas, como Plan Fines 2 y Progresar que impulsa la secretaría de Educación del Ministerio de Nación y el “Termina la secundaria” que promueve la Ciudad de Buenos Aires, se enfrentan hoy y hasta colisionan con modelos que aún sostienen muchas jurisdicciones.
El plan porteño, incluso, fue cuestionado por algunos legisladores que alertaron que “carece de aprobación por el Consejo Federal de Educación” (CFE).
En algunas provincias, Jujuy, por ejemplo, los estudiantes que tienen sobreedad o materias adeudadas que les hicieron dejar la secundaria pueden cursar dentro de la propia escuela o hacerla en otro establecimiento a “contraturno” y con la autorización de sus padres que se comprometen a hacerlos cumplir con esa meta.
Este último caso, que se replica en varias provincias, con sus propios planes de terminalidad de estudios y de inclusión, es el más parecido al esquema de estudios en que hay una escuela, un horario, un régimen y los tradicionales docentes.
El plan de terminalidad del gobierno de Mauricio Macri anunciado recientemente propone una oferta para los jóvenes de entre 18 y 25 años de todo el país, con “reconocimiento oficial y nacional” a través del cursado a distancia con una computadora con Internet, con algún examen presencial en la jurisdicción de dónde proviniera el estudiante a cargo de tutores, y con una cursada de sólo veintiséis materias en total en tres años.
La pedagoga Adriana Puiggrós opina que la escuela media como fue concebida ya está superada y que hoy a los jóvenes “hay que hablarles de otro modo”, y no “con monólogos como lo hacen los profesores frente a los alumnos”, desde hace una centuria.
Para Puiggrós la revolución se puede hacer dentro o fuera de la escuela secundaria, pero es necesario “profundizarla”.
La socióloga Natalia Alvarez Prieto, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS), sostuvo que “el último Operativo Nacional de Evaluación (2010) reveló que un 30 por ciento de los alumnos del último año de la secundaria tenía un desempeño bajo en matemáticas y ciencias sociales, un 26 en lengua y un 34 en ciencias naturales”.
“Frente a este cuadro, ¿qué viene a ofrecer Progresar? ¿Son los jóvenes impulsados a obtener una educación de calidad?”. preguntó y advirtió que “definitivamente no”.
Y, apuntó que “si se observan las características generales del Plan, la única condición "educativa" para que el estudiante perciba el beneficio es que se encuentre inscripto en una institución registrada oficialmente”.
Dijo que “los centros pertenecientes al Plan FinEs, entre los cuales abundan unidades básicas del peronismo y 'casas compañeras', son una posibilidad”.
Acotó que “por otra parte, no existe ningún requisito de cursada ni de aprobación, por lo tanto, se puede ir a la escuela a pasear o, como sucede a gran escala con la Asignación Universal por Hijo, a retirar el certificado de asistencia, claro está, la flexibilización de esas pautas de regularidad irían en pos de garantizar una escuela inclusiva y cumplir con el mandato de terminalidad”.
El debate propondría pensar si el hecho de que una institución cumpla años es sinónimo de caducidad, de un cierto “vencimiento”, o tal vez pueda ser posible que se tome de ella el fin fundacional, de educar a todos sin distinción y a la vez readecuarla a las nuevas demandas de adolescentes y jóvenes, tanto en lo educativo como en lo laboral.