El desalojo anunciado por la Fiscalía Penal de la ciudad de Güemes fue suspendido por un plazo no determinado, para dar un margen de negociación entre las partes en conflicto, se anunció. El desalojo se iba a llevar a cabo el miércoles 30 de septiembre, en caso de que las familias allí asentadas no acataran la orden de abandonar los terrenos en forma pacífica. Frente al temor que generó la amenaza de desalojo por medio de la fuerza policial, las familias instaladas mantuvieron una reunión con el ejecutivo municipal para consensuar una solución al problema generado por familias que ocupan en forma ilegal un terreno.
Unas 30 familias que no son adjudicatarias, que están usurpando un terreno, llevaron adelante un reclamo conjunto, presentaron una carpeta gestionada en Tierra y Hábitat, donde consta que reúnen las condiciones para ser beneficiarios. "Si estamos en el terreno soportando lluvias, vientos, frío y calor es porque realmente lo necesitamos. Ya no podemos alquilar. No tenemos adónde ir, si nos sacan quedamos en la calle", planteó Néstor Lazarte.
"La fiscal Verónica Simesen fue muy clara. Las familias asentadas deben desocupar los terrenos que están usurpando. Hay familias que son las verdaderas propietarias, esperando desde hace años por la entrega definitiva. Lamentablemente no les podemos solucionar a todos porque cada vez aparecen más", expresó el intendente de Güemes, Daniel Segura.
"Podemos intentar conseguir otros 18 terrenos y darles una solución, en esto vamos a trabajar", anticipó Segura. Sin embargo, en forma inmediata a este anuncio se alzaron algunas voces, indicando que no son solo 30 las familias necesitadas, sino que ascienden a 110 y todas ellas están asentadas y usurpando un terreno con amenazas de ser desalojadas. "Lamentablemente es imposible llegar a esa cifra. Aquellos que queden afuera deberán esperar una nueva expropiación, algo en lo que ya están trabajando nuestros legisladores", aseguró el intendente.