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En línea con medidas cautelares que ya fueron concedidas en Mendoza y Tucumán ante iguales reclamos, entró a la Justicia Federal de Salta una acción de consumo que pide frenar los aumentos aplicados, desde el mes pasado, en los planes de telefonía móvil de Claro.
Daniel Paganetti, exsecretario de Defensa del Consumidor de la Provincia, presentó la demanda contra la empresa AMX Argentina (Claro), como titular de dos líneas que contaban con servicios de internet libres, o ilimitados, que ahora son tasados por día.
Paganetti llevó su caso a los tribunales con el patrocinio de otro abogado del foro local, Nicolás Zenteno, quien también representa en el proceso a ECEA (El Consumidor en Acción), entidad civil que actúa por el conjunto de usuarios afectados en Salta.
La causa recayó en el Juzgado Federal 2, de Miguel Medina, a quien pidieron que suspenda las modificaciones unilaterales dispuestas en los paquetes de internet móvil, declare abusivos los aumentos aplicados en los planes y ordene restituir los importes que se consideran irregularmente cobrados a cerca de 500 mil usuarios en toda la provincia.
A la par, se pidió una multa de $5 millones, por daño punitivo, para ser distribuida entre los afectados. Ese es el monto máximo que contempla la legislación vigente en materia de defensa del consumidor para multar las prácticas indebidas de las empresas y desalentar conductas reincidentes.
Los actores solicitaron, además, que la sentencia judicial establezca un procedimiento para que cada usuario, en función del perjuicio individual sufrido, pueda ejercer los derechos reconocidos.
Paganetti y ECEA manifestaron que la empresa demandada, "en forma constante, reiterada y sostenida en el tiempo, viene imponiendo abusivamente modificaciones en los planes o contratos que tiene con sus usuarios, convirtiendo dicha práctica en ilegal y socialmente reprochable".
Agregaron que la telefonía móvil, en general, arrastra "prácticas de comercialización que vulneran derechos y garantías constitucionales" en perjuicio de millones de titulares de líneas en todo el país.
En la presentación se reseñaron recientes sanciones dispuestas contra otras operadoras por modificar la tasación de los consumos de internet móvil, en incumplimiento a las normas vigentes.
Citaron el caso puntual de Movistar, empresa que en abril de este año fue obligada por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) a retrotraer las condiciones contractuales y a reintegrar los importes indebidamente cobrados a sus usuarios.
"Las empresas, antes de proceder a modificar los precios, modalidades y condiciones contractuales, deberían ser obligadas a acreditar que prestan servicios aceptables", plantearon los actores, tras cuestionar el desempeño de los organismos de fiscalización u control competentes.
Daniel Paganetti, exsecretario de Defensa del Consumidor de la Provincia, presentó la demanda contra la empresa AMX Argentina (Claro), como titular de dos líneas que contaban con servicios de internet libres, o ilimitados, que ahora son tasados por día.
Paganetti llevó su caso a los tribunales con el patrocinio de otro abogado del foro local, Nicolás Zenteno, quien también representa en el proceso a ECEA (El Consumidor en Acción), entidad civil que actúa por el conjunto de usuarios afectados en Salta.
La causa recayó en el Juzgado Federal 2, de Miguel Medina, a quien pidieron que suspenda las modificaciones unilaterales dispuestas en los paquetes de internet móvil, declare abusivos los aumentos aplicados en los planes y ordene restituir los importes que se consideran irregularmente cobrados a cerca de 500 mil usuarios en toda la provincia.
A la par, se pidió una multa de $5 millones, por daño punitivo, para ser distribuida entre los afectados. Ese es el monto máximo que contempla la legislación vigente en materia de defensa del consumidor para multar las prácticas indebidas de las empresas y desalentar conductas reincidentes.
Los actores solicitaron, además, que la sentencia judicial establezca un procedimiento para que cada usuario, en función del perjuicio individual sufrido, pueda ejercer los derechos reconocidos.
Paganetti y ECEA manifestaron que la empresa demandada, "en forma constante, reiterada y sostenida en el tiempo, viene imponiendo abusivamente modificaciones en los planes o contratos que tiene con sus usuarios, convirtiendo dicha práctica en ilegal y socialmente reprochable".
Agregaron que la telefonía móvil, en general, arrastra "prácticas de comercialización que vulneran derechos y garantías constitucionales" en perjuicio de millones de titulares de líneas en todo el país.
En la presentación se reseñaron recientes sanciones dispuestas contra otras operadoras por modificar la tasación de los consumos de internet móvil, en incumplimiento a las normas vigentes.
Citaron el caso puntual de Movistar, empresa que en abril de este año fue obligada por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) a retrotraer las condiciones contractuales y a reintegrar los importes indebidamente cobrados a sus usuarios.
"Las empresas, antes de proceder a modificar los precios, modalidades y condiciones contractuales, deberían ser obligadas a acreditar que prestan servicios aceptables", plantearon los actores, tras cuestionar el desempeño de los organismos de fiscalización u control competentes.
$20 millones más por mes
La acción de consumo colectiva que se tramita ante el juez Medina afirma que Claro, con la modificación unilateral de los planes de telefonía móvil, facturó unos 20 millones de más a usuarios salteños en un solo mes.
En base a registros oficiales, los actores señalaron que la empresa demandada tiene contratadas en la provincia más de un medio millón de líneas.
Y estimaron que en octubre la facturación irregular promedió en $40 por usuario, con los cálculos más conservadores.
Para evitar perjuicios mayores, pidieron una medida cautelar que retrotraiga los planes a los términos ofrecidos, publicitados y acordados con anterioridad a los aumentos, hasta tanto la Justicia resuelva la acción de fondo.
Los actores recordaron que, ante iguales planteos, jueces de Mendoza y de Tucumán dictaron medidas cautelares innovativas en protección de los derechos e intereses de los usuarios.
PUNTO DE VISTA
Por Daniel Paganetti Actor de la causa
Daños punitivos: esta vez es claro y bien merecido
Los daños punitivos son una sanción o multa civil a un prestador de bienes y servicio que incumple sus obligaciones legales y contractuales lesionando a un consumidor o miles de ellos. Pero con una particular subjetividad de conducta: a pesar de saber, o deber saber que incumple normas, el prestador decide continuar o profundizar los incumplimientos legales o contractuales. El monto va de $100 a $5.000.000, suma fijada por ley 26.361 de abril de 2008.
En el caso, Claro aumentó sus tarifas a partir de septiembre de 2015, violentando leyes protectorias de los usuarios, pero principalmente el nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde el pasado 1 de agosto, que regula el contrato de consumo que une a esa empresa telefónica con más de 500 mil titulares de líneas en Salta (según el censo de 2010). Cada uno vio sustraído de su bolsillo entre 40 y 50 pesos. En total, son entre 20 y 25 millones de pesos por mes solamente en la provincia.
Es hora de que estas empresas sean sancionadas con un monto mayor al que hayan recaudado ilegalmente. Para eso están los daños punitivos.
La pelota está en el campo de la Justicia, que debe velar por la protección de los derechos de los consumidores, según el párrafo 2º del artículo 42 de la Constitución Nacional.
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