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"La necesidad tiene cara de hereje y muchos necesitamos cobrar la plata aunque no estemos de acuerdo con la ley ni la manera en que regularon los montos", explicó a El Tribuno José Palacios, integrante de la mesa coordinadora provincial de exagentes de YPF.
Con casi 1.000 exempleados (varios de ellos ya fallecidos), Salta es una de las provincias en las que las esperanzas de cobrar lo justo se diluyen con el tiempo.
Los coeficientes utilizados para la readecuación de la deuda y desconocer lo que sucederá en los próximos meses con el cambio de gobierno son las grandes preocupaciones del sector. Alrededor de 956 acciones representan el límite con el que contaría cada exempleado a un valor individual de 324 pesos. Los montos rondarían los 310 mil pesos en cada caso y, según lo determinado desde el Ministerio de Economía de la Nación, de esta cifra, solo les correspondería un poco más de 100 mil pesos.
"Nadie sabe de dónde salen los coeficientes que utilizan para determinar el descuento. Están contemplando índices que les sirven para quitarnos lo que nos corresponde y dejarnos con el derecho de cobrar menos de la mitad", dijo Juan Nieva, otro referente de los exagentes salteños.
Saldar una deuda de más de 20 años fue el mensaje más repetido cuando el Congreso convirtió en ley el pago de las acciones de Propiedad Participada. Nada hacía prever entonces que gran parte de los beneficiarios considerarían a la nueva normativa como una estafa. "Es una gran estafa, una ley falsa porque no condice con la realidad de lo que el Estado nos debe hace 25 años", coincidieron ambos referentes al exteriorizar un sentimiento que para ellos es compartido a nivel nacional.