Nuestro enano fascista

"Los argentinos tienen un enano fascista adentro", lo dijo Oriana Fallaci durante una entrevista con Bernardo Neustadt, en los años 80 de la dictadura. Luego la expresión fue "viralizada" por Raúl Alfonsín para referirse al favor electoral recibido de manos de Herminio Iglesias (con la quema del famoso féretro), en 1983. Constantemente, Alfonsín impulsaba a los argentinos para que desalojarán al "intolerante" que -supuestamente- años de dictadura habían inculcado en toda la sociedad civil. Se equivocaba nuestro expresidente, y nuestro enano fascista, en 30 años de democracia, parece haberse alimentado con epopéyica espinaca.
Más fuerte que nunca. Más "K", que nunca: los argentinos albergamos un Ku Klux Klan, con 40 millones de adherentes. Sutilmente una oposición reaccionaria, conservadora y de derecha, nos lleva a identificarnos con cada consigna que se larga en contra de las minorías (inmigrantes, pobres, travestis, presos, negros, judíos, etc.) o denostando la política en general (ataque permanente a los legisladores), execrando a los "comunistas", exaltando el nacionalismo patriótico, etc.
Reina una gran confusión, el kirchnerismo se ha apropiado de banderas sostenidas durante décadas por los progresistas argentinos (caso de la Asignación Universal por Hijo, propuesta hace muchos años por la CTA). Los que -de buena fe- se acercaron a esas propuestas progresistas de los K, advierten -despavoridos- que se sumergen en la cloaca de corrupción que -precisamente- pretende ser enmascarada con ese manto de pseudo-
progresismo.
Prácticamente ningún hecho de la realidad argentina puede ser analizado, sin advertir que se le hace el juego a la máscara kirchnerista o a los reaccionarios de derecha. Ambos tienen en común que pretenden el asalto al Estado, para regir, en forma omnímoda, la conducta de los argentinos. En ese marco nos animamos a analizar el reciente debate sobre el trabajo de los presos.
El trabajo que nos dan los presos
Viene el tema de los presos haciendo ruido desde la creciente inseguridad, los jueces garantistas y delincuentes que son visitantes VIP de las comisarías, las salidas transitorias, el Vatayon Militante K, etc. Con ese escenario pareció una cachetada la información sobre el derecho a vacaciones y aguinaldo que fue convalidado por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal. Paralelamente se hacía notar una información proveniente de Holanda con la pretensión (es proyecto de ley) de cobrarle a los reclusos 16 euros por día (una limosna en ese país). Desde la más crasa ignorancia salieron medios y opositores a execrar el fallo y elogiar la iniciativa holandesa.
¿Por qué hablamos de supinos ignorantes? Porque existe una ley que tiene unas previsiones bastantes razonables al respecto. Es la ley 24660 (de 1996, no se le puede echar la culpa a los K) sobre la "Ejecución de penas privativas de la libertad". Allí se establece que los trabajadores tienen el derecho y el deber de trabajar (de hecho, según datos oficiales optan por hacerlo un 70% de los internados).
En el artículo 120, se establece que percibirán una remuneración que no puede ser inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo, vital y móvil, y se regirán por la legislación laboral en vigor por una jornada de ocho horas. En el 121 ordena que ese sueldo se distribuya de esta manera: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, según lo que disponga la sentencia judicial. 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil. 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento. 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida del penal.
Sindicato de Reclusos
Este es un tema para ser analizado desprovisto de banderías políticas. Recientemente, el pasado 28 de abril, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, se realizó una jornada sobre el Derecho del Trabajo y las personas privadas de la libertad. Allí se reunieron destacados especialistas y se puso de manifiesto que las cárceles están pobladas de gente doblemente vulnerable, por estar privados de libertad y ser pobres, excluidos y marginados. "La pobreza distintiva de la población carcelaria parece demostrar que la pena privativa de la libertad no es la solución del delito", subrayó.
En la misma línea argumental, se sostuvo que en definitiva lo más trascendente es el desarrollo de políticas públicas que supriman la desigualdad en la distribución de la riqueza, porque la criminalidad se relaciona directamente con esa distribución.
En ese encuentro el Procurador General del Trabajo, Dr. Eduardo Álvarez habló sobre derecho colectivo y derecho penal. "El principio general es que la persona privada de la libertad sólo está privada de la libertad, no está despojada de los otros derechos", afirmó. De esta manera, entendió que si las personas pueden trabajar, entonces pueden sindicalizarse, ya que no existe ninguna norma que vede el derecho de la sindicalización de una persona afectada por una condena privativa de la libertad.
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